La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la ciudad de La Plata respaldó a Eugenio Zaffaroni mediante una carta enviada al ministro de justicia Nacional, Gustavo Beliz, según informaron fuentes judiciales. Este organismo manifestó su respaldo a la candidatura de Zaffaroni para la Corte Suprema “por ser un jurista comprometido con el respeto a los derechos humanos en su integridad y con las garantías que los preservan”. En este sentido, la APDH de La Plata agregó que nombrar un jurista como Zaffaroni “no sólo es una política judicial acertada sino un imperativo constitucional y de derecho internacional". “Ha demostrado con su conducta como juez de cámara, funcionario, legislador, constituyente, profesor y tratadista, poseer la cualidad primordial para ser juez, que es la idoneidad moral, acompañada por su indiscutida solvencia jurídica", indicaron. Además, los asambleístas indicaron que Zaffaroni “no puede ser descalificado solo por haber sido juez durante la dictadura”, detallaron los rubricantes Marta Vedia, Alicia Peralta y Angela Vendola, secretarias de esa entidad. “No ignoramos que Zaffaroni fue juez en lo criminal y correccional de sentencia durante la dictadura instalada en 1976 y entendemos que esa objeción no es descalificante en su caso personal, frente a la ausencia de críticas relativas a mal desempeño en casos concretos y a la ya mencionada conducta cívica", detallaron.
Cuestionan a un magistrado fueguino
Así lo denunció la abuela del niño, quien insistió en aportar pruebas en contra del padrastro del infante, un efectivo de la Policía Federal afectado al servicio de Bomberos en el Aeropuerto de Ushuaia. La denunciante alegó que el juez penal que entiende en la causa “negó el aporte de pruebas clave para el esclarecimiento del caso en el juicio oral y público”. En este sentido, el magistrado analiza si un policía federal cometió abuso deshonesto contra el hijo de su actual pareja, cuando el pequeño tenía sólo cuatro años de edad. El acusado fue procesado y hallado "prima facie" responsable del ilícito por decisión de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de esa provincia, con sede en Río Grande. El abogado representante de la abuela del niño, Gregorio Luna Iturres, anticipó que “si el juez declara clausurada esta etapa de la investigación y eleva las actuaciones a juicio, le pedirá al Tribunal Oral que habilite una instrucción suplementaria y haga lugar a la declaración de nuevos testigos”.En este sentido, según las declaraciones el titular del Juzgado de Instrucción de Primera Nominación, Leandro Álvarez, no habría dejado que declaren el médico que atendió al chico en los meses posteriores al presunto abuso, ni la maestra de la escuela a la que el menor comenzó a asistir a partir de los seis años.