La investigación comenzó a mediados del año pasado, cuando los fiscales Ruiz Morales y Cabrera tomaron conocimiento informal sobre una presunta red de narcotráficos que lograba sacar del país estupefacientes en caballos de carrera que exportaban a los Estados Unidos y a los Emiratos Arábes.
Pero al ser muy escasos los datos recolectados hasta ese momento, los fiscales comenzaron "actuaciones preliminares" en base a esos indicios a fin de determinar si había o no elementos para radicar una denuncia.
Solo cuatro meses después (en octubre de 2002) los fiscales entendieron que había elementos suficientes para radicar una denuncia formal y enviaron las actuaciones a la Cámara en lo Penal Económico para que se hiciera el sorteo correspondiente designando a un juez que se encargara del caso.
El juez Brugo fue entonces el encargado de llevar la causa, y ni bien recibió el sumario decidió correrle vista al fiscal de Cámara Ramiro Rodriguez Bosch, reclamándole sanciones para Ruiz Morales y Cabrera por entender que éstos habían incumplido con su labor, lo que generó en el funcionario un rechazo formal por escrito a realizar esa tarea, defendiendo además la actuación de los agentes al enfatizar que habían actuado "ceñidos a la ley de Ministerio Público".
Por ello, Brugo decidió declarar la nulidad de todo lo actuado hasta el momento en esa investigación, resolución que fue inmediatamente apelada por la fiscalía, y tras un año de debate los jueces de la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, Carlos Pizzatelli, Marcos Gravivker y Roberto Hornos, determinaron ahora que la fiscalía había actuado "correctamente", en función de sus facultades.
La causa podrá entonces seguir adelante en busca de esclarecer la presunta red de narcotráfico, aunque los investigadores se mostraron escépticos sobre los resultados que puedan lograr, puesto que remarcaron que "con todo esto se puso en peligro la pesquisa y obviamente los supuestos involucrados ya quedaron sobre aviso".
La Procuración General de la Nación, por su parte, celebró la noticia ya, que se entendía que el caso podía poner en peligro la ley de Ministerio Público y las facultades de los fiscales para investigar.