La defensora oficial Silvia Otero Rella había reclamado la libertad del ex policía porque ya lleva más de tres años detenido sin condena firme. Sin embargo, el juez coincidió con el dictamen del fiscal Luis Comparatore, quien se opuso a la libertad de “Colores” por entender que podría eludir la acción de la justicia.
Del Cerro se encuentra preso en el Hospital de la cárcel de Devoto luego de haber sufrido una “angina de pecho y un infarto” que derivaron en una angioplastia y la colocación de un marcapasos.
Por eso, Ballestero ordenó que el represor sea revisado por los médicos forenses para corroborar si su estado de salud es delicado y amerita entonces una prisión domiciliaria, confirmaron las fuentes.
En esta causa fueron declaradas inconstitucionales en primera y segunda instancia las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la apelación a esta medida llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que semanas atrás evitó pronunciarse sobre el asunto y envió el expediente a la Cámara de Casación Penal para que se pronuncie al respecto.
Fuentes de la Cámara de Casación indicaron que el expediente –esta en la Sala I- demorará “varios meses” porque primero deben resolverse varias encrucijadas por la superposición de normas.
En el máximo tribunal penal aseguran que recién podría haber un pronunciamiento definitivo a mediados o fines del año próximo. Otra indagatoria
En tanto, fuentes judiciales confirmaron que mañana declarará en el expediente por los crímenes en el Primer Cuerpo del Ejército Julio “el Turco Julián” Simón, imputado por su paso por varios centros clandestinos de detención de la Capital Federal durante la última dictadura militar.
Fuentes judiciales confirmaron que el ex policía deberá declarar por su responsabilidad en “varias decenas” de casos de secuestro y tortura. Simón nunca había sido indagado en esta causa, que fue reabierta en setiembre último por la Cámara Federal.
En 1987, Simón fue beneficiado por la ley de Obediencia Debida, pero esa amnistía quedó sin efecto semanas atrás, cuando el Congreso declaró la nulidad de esa norma y permitió la reapertura de diversas causas por violación de Derechos Humanos.