De esta forma, se suman a la presentación que en el mismo sentido formuló la semana pasada el ex líder de Montoneros Mario Eduardo Firmenich, quien en el marco de la misma causa estuvo prófugo en España.
En un escrito de 8 carillas que presentaron los abogados María Inés Tornabene y Eduardo Soares, se dice que el juez Bonadío, “por propia decisión dejó de ser garante del debido proceso, para convertirse en parte” y “convirtió la causa en una herramienta para la comisión de gravísimos delitos”.
Para los denunciantes, Bonadío debe ser encausado por los delitos de privación ilegal de libertad agravada, según el artículo 142 bis, “que prevé una pena mínima de 5 años y un máximo de 15 a quien substrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima, o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
También, piden que se lo procese por “prevaricato”, un delito que prevé penas de multa e inhabilitación perpetua para el magistrado e inhabilitación absoluta perpetua para el juez “que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.
No son las únicas malas noticias para Bonadío, este pedido de los otrora detenidos y ahora acusadores, se suma una ofensiva del Ministerio de Justicia para que se acelere el proceso en su contra en el Consejo de la Magistratura.
Ese proceso se abrió el 21 de octubre último por la presentación de los consejeros Eduardo Orio y Beinusz Smukler, quienes basaron el pedido de juicio polítíco contra el titular del Juzgado Federal 10 por la “trascendencia del hecho y la gravedad de la imputación formulada” por la Cámara Federal.