Por el mismo hecho, el juez procesó al entonces gerente de Atención de la Salud de la obra social, Aldo Ferrante, y también le trabó un embargo millonario sobre sus bienes. La figura penal es bien conocida por Alderete: “administración fraudulenta”.
En la resolución a la que accedió DiarioJudicial.Com, Oyarbide le cuestiona a Alderete la firma de un convenio, el 1 de abril de 1997, con la “Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones" por el cual se renovó el contrato para la atención psiquiátrica de los afiliados a la obra social en todo el país.
Dentro de esa renovación se incluyó al único prestador en la provincia del Chaco, “Complejos Asistenciales SA”, cuyo servicio había sido calificado como “malo” y “muy malo” por distintas auditorías de la obra social desde 1995.
La atención era tan mala, que los inspectores del PAMI habían incluso recomendado a las autoridades del PAMI evacuar a los pacientes internados.
Según el auto de procesamiento, Alderete, como presidente del PAMI, tenía “el deber de excluir de la contratación” a la clínica chaqueña. “No sólo no lo hizo, sino que permitió la sucesiva prorrogación de los efectos del contrato, elevando aún más el precio de la prestación originariamente convenida”, explicó el magistrado.
La investigación se abrió en noviembre de 1997 por denuncia de las diputadas Elisa Carrió, Elisa Carca y Cristina Guevara, que cuestionaban el contrato firmado en abril de ese año.
“Se advierte un claro desinterés en el cumplimiento de los deberes de cuidado que le competían por el lugar institucional que ocupaba”, agregó la resolución. Para el juez, el ex interventor menemista “abusó de la confianza” que se le había depositado como titular de la obra social.
A comienzos de este mes, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alderete, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato entre la obra social de los jubilados y radio Rivadavia, también por el delito de “administración fraudulenta”.
También este mes, los fiscales Jorge Di Lello y Gerardo Pollicita pidieron al juez federal Claudio Bonadío que eleve a juicio oral otro expediente contra Alderete, por "negociaciones incompatibles con la función pública", por haber demostrado "un interés desmedido" en la contratación de una empresa que gerenciaba servicios kinesiológicos para jubilados.