Es que la juez María Servini de Cubría decidió llamar a declaración indagatoria a todo el gabinete que acompañó a De la Rúa, pero luego de la feria judicial de enero, confirmaron fuentes del caso.
Las fuentes confirmaron que el primero de la lista será el ex ministro de Salud, Héctor Lombardo, el 10 de febrero de 2004. Lo seguirá dos días después Hernán Lombardi (ex secretario de Turismo) y luego el ex ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, el 17 de febrero.
Más tarde, será el turno del ex ministro de Educación, Andrés Delich, el 19 de febrero y el 24 del mismo mes debe presentarse el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.
El cronograma sigue luego, el 26 de febrero, con el ex ministro de Justicia Jorge De la Rúa y el 2 de marzo el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Sartor. El 4 de marzo será el turno del ex ministro de Trabajo José Dumón.
El 9 de marzo, en tanto, deberá presentarse José Jaunarena, ex ministro de Defensa y luego el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, el 11 de marzo.
La lista se cierra con el ex jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, el 16 de marzo y luego será el mismo De la Rúa el que tenga que presentarse, el 18 de marzo cerca del mediodía.
Las dos denuncias contra los ex funcionarios se acumularon luego que el gobierno propusiera una quita a los tenedores de bonos, y las AFJP contratacaran asegurando que tal medida iba a repercutir sobre los ahorros de sus clientes por la compra compulsiva de LETES en los últimos días de la administración De la Rúa.
Uno de los denunciantes es el abogado Ricardo Monner Sans, quien señalaba a Fernando De la Rúa y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo como los responsables de la “desfinanciación” de las AFJP y pidió que se analice la responsabilidad de quienes “pudieron haber dictado las normas que obligaron a las AFJP” a comprar bonos con los saldos de sus plazos fijos.
El abogado remarcó que la resolución 807 del ministerio de Economía del 5 de diciembre de 2001 obligó a las AFJP a comprar LETES con el saldo de sus plazos fijos. Para el abogado “parece ser una de las razones de la desfinanciación de las AFJP” y aseguró que “deberá convocarse a declarar" a Cavallo “en el carácter que (la jueza) disponga”. Ya en octubre último, los fiscales Jorge Di Lello y Gerardo Pollicita requirieron la investigación de la denuncia y pidieron a Servini que notifique a todo el gabinete que formó parte del último tramo de la gestión aliancista del inicio de la investigación. En la misma línea, ahora se los indagará.