19 de Julio de 2024
Edicion 7009 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 22/07/2024

Mala Navidad para María Julia

La Cámara Federal confirmó que la ex polifuncionaria María Julia Alsogaray seguirá detenida y le ordenó al juez Canicoba Corral que investigue si actuó en una “asociación ilícita” con otros funcionarios en este y en otros casos del fuero federal. También le confirmaron el procesamiento en otra causa por defraudación.

 
La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la ex secretaría de Medio Ambiente María Julia Alsogaray por el delitos de “defraudación a la administración pública” y, aunque revocó el más gravoso de “peculado”, dispuso que siga detenida por el “peligro de fuga” que podría suponer su excarcelación, debido a la acumulación de causas en su contra.

Los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi confirmaron así parcialmente la resolución que el 12 de agosto último dictó el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien mandó a prisión a Alsogaray por irregularidades en las obras de refacción de oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente.

Pero pasar las fiestas en prisión no será el único problema para la otrora polifuncionaria menemista, también la cámara le ordenó al juez que profundice la investigación sobre una posible “asociación ilícita” que tendría a la ex funcionaria en el vértice reservado a los organizadores, y a sus subordinados como miembros.

“Comparte este tribunal la necesidad de analizar lo acontecido con una visión comprensiva de la totalidad de los hechos que se imputan a Alsogaray tanto en el juzgado actuante como en el resto de los juzgados del fuero en los cuales se verificarían serios y concordantes puntos de conexión con las maniobras desarrollas en las presentes", escribieron los camaristas.

Los jueces alertaron sobre la presunta existencia “de un mismo modus operandi y la coincidencia de personas que aparecen involucradas entrecruzándose con los imputados”, y encomendaron a Canicoba que “disponga lo necesario a fin de centralizar en un sólo expediente la investigación de la conducta aquí tratada”.

Así, fuentes judiciales adelantaron que el juez tendría que verificar o incluso pedir la unificación de una decena de causas donde la ex funcionaria está procesada o imputada, siempre por presunta malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario o defraudación a la administración pública.

También, los jueces confirmaron el procesamiento del ex subsecretario de Medio Ambiente Enrique Kaplan, también por defraudación, aunque ordenaron su libertad ya que su situación en otras causas no es tan complicada como la de Alsogaray.

También se confirmó el procesamiento de los constructores a cargo de las refacciones en las oficinas de la secretaría al haberse probado que “en connivencia con Alsogaray y Kaplan defraudaron los intereses de la administración pública aprovechándose de la estructura montada en beneficio propio”.

Luraschi, Cattani e Irurzun indicaron que Alsogaray “abusó de su cargo, interfirió la voluntad de la administración pública en beneficio propio perjudicando así los intereses del Estado Nacional el cual vio disminuido su patrimonio como consecuencia de los sobreprecios que fuera determinado a pagar”.

Por otro lado, al fundamentar el dictado de la prisión preventiva los camaristas tuvieron en cuenta que “una eventual unificación de penas que conllevaría a una condena de efectivo cumplimiento” en perjuicio de Alsogaray “constituye una pauta presuntiva sobre la posibilidad de que al recuperar la libertad podría eludir el accionar de la Justicia”.

En la misma resolución los camaristas revocaron el procesamiento de los ex funcionarios de la Secretaria de Medio Ambiente Nora Chib n, Aurora Nélida Cucchi de Rincón, Lidia Esther Blanco y Elisa Calgo y dictaron su “falta de mérito”.

Doblete

También, en la misma jornada los mismos jueces complicaron la situación de María Julia al confirmar su procesamiento por “administración fraudulenta en perjuicio de los bienes del Estado”.

Se trata de un expediente donde se probaron irregularidades en la cancelación de la deuda documental que la liquidada empresa estatal de teléfonos Entel mantenía con la proveedora Pecom Nec.

También se confirmó el procesamiento de los apoderados de la firma Alberto Jorge Pistorio y Julio Cesar Otero y del síndico de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP) Julio César Orué.



dju / dju
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