Por medio de la ley 25.816 promulgada el 5 de diciembre y publicada hoy en el Boletín Oficial se efectuaron incorporaciones al código penal. Las mismas afectan al artículo 80 –referido a agravantes por homicidio – y contempla un aumento de pena para quien matare abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. Por otra parte también se incorporó el art. 163 bis que aumenta las penas en un tercio en su mínimo y en su máximo, cuando quien ejecutare el delito de hurto fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. Asimismo y para el caso del robo se incorporó el art. 167 bis que contempla un agravante en la pena en un tercio en su mínimo y en su máximo, cuando quien ejecutare el delito fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.
Reclamo
La empresa alemana Siemens recurrirá a una instancia del Banco Mundial como consecuencia de la cancelación de un contrato para implementar un sistema de emisión de los DNI y de control de fronteras, pacto cancelado durante el gobierno de Fernando de la Rúa, por lo que el Estado argentino ahora es demandado por unos 500 millones de dólares. Así lo informó un vocero de la empresa, en tanto se presume que el caso podrá ser analizado, en enero próximo, por el centro internacional de disputas en inversiones del Banco Mundial. Esto ocurre tres años después de la suspensión del contrato, por lo que la empresa confirmó que “el reclamo y la cifra están justificados”´, según dijo el portavoz que se abstuvo de hablar sobre las posibilidades de éxito de la demanda. Siemens había sido contratada durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem para desarrollar y operar un sistema para la emisión de documentos de identidad, control de fronteras, almacenamiento de información y registro de votantes, pero el contrato fue cancelado por la administración de De la Rúa en medio de denuncias por presuntas irregularidades en los montos consignados.
Vázquez pide el tiro de gracia
El juez del supremo órgano de Justicia de la Nación, Adolfo Vázquez, afirmó que sólo su “presencia permite garantizar una Corte plural” y advirtió que con los cambios que se producen en el máximo tribunal, la “intención no parece ser” sólo obtener una mayoría “monocorde y adicta” al Gobierno, sino directamente, “la hegemonía total” del poder político gobernante. Así descalificó Vázquez el proceso de renovación de la Corte Suprema en declaraciones a un matutino porteño, en donde además opinó que “todos” los candidatos a ocupar las vacantes que se produjeron en el alto tribunal “pertenecen al mismo sector ideológico”. El ministro, otro de los jueces en la mira del Ejecutivo por formar parte de la denominada “mayoría automática” de la década del 90, aseguró que no se irá de la Corte a pesar del avance del juicio político en su contra en la Cámara de Diputados, procesó en el que denunció haber “recibido intimidaciones de todo tipo” por lo que con su familia está “en un estado de indefensión”.
Juicio congelado
El Tribunal Oral Federal 3 anuló la elevación a juicio oral y público de la acusación contra Juan José Ribelli y un grupo de ex oficiales de la policía bonaerense, por presuntas extorsiones a comerciantes del Gran Buenos Aires detectadas durante la instrucción del caso AMIA. Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo entendieron que la elevación dispuesta por el juez Juan José Galeano hace algo más de una semana no correspondía, porque faltaba resolverse una recusación de Ribelli contra el magistrado. Y la Cámara Federal hizo lugar a la recusación del ex policía y apartó a Galeano también de esa causa. Por eso, en el Tribunal Oral piensan que debe ser el nuevo juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, el que dicte un nuevo auto de elevación. Además de Ribelli, en la causa están procesado los ex policías Raúl Ibarra, Horacio Maisú, Oscar Bacigalupo y Marcelo Albarracín.