Diario judicial: ¿Cuál es su trayectoria de participación en el Colegio de Abogados de La Plata?
Carlos Andreucci: Comencé en el Colegio de Abogados de la Plata en el año 1974, participando en lo que era el sector jóvenes, antes de mi graduación que fue en el año 1975. Desde entonces intervine en la comisión de actividades académicas y con el instituto de derecho administrativo, que me permitió vincularme con la materia de mi especialidad, Derecho Administrativo, de la cual soy profesor en la Universidad Nacional de la Plata, en la Universidad Austral, en la UCALP y ex docente de la UCA en Buenos Aires. En el año 1976/77 tuve la oportunidad de irme a Madrid dos años, al haber obtenido una beca del gobierno español, a realizar los cursos del doctorado en la Universidad Complutense con sede en Madrid. Al regresar en el ´77 me dedique a la profesión en la especialidad de derecho administrativo y a partir de 1983 con la reanudación de la democracia comienzo la carrera docente en la Universidad Nacional de la Plata.
En paralelo, me desempeñaba en el Colegio de Abogados, donde en el año 1988 soy invitado a participar en una lista como consejero titular, y luego de ser electo coordino el área académica durante dos años, del 1988 al 1990, y en el año 1990 soy propuesto como secretario general del Colegio, cargo que ejerzo hasta el año 1992. En el año 1996 me invitan nuevamente a participar y me integro como consejero suplente, y finalmente en el año 2000 me decido a presentarme como candidato a presidente, resultando electo. Mi gestión comenzó el 1 de junio de 2000 resultado de una elección donde nuestros matriculados (que aproximadamente son unos 6500) se expresaron en una propuesta de tres listas, dentro de las cuales elaboramos una, la que integró a distintos sectores, con diversidad de opiniones y pensamientos políticos, de fe, de integración totalmente amplia de hombres y mujeres y donde priorizamos fundamentalmente la pluralidad, la participación y la independencia frente a la tarea del poder judicial y los poderes públicos.
DJU: ¿Qué temas destaca de su gestión? ¿Cuales fueron prioritarios?
CA: Cuando decidí presentarme como candidato a presidente advertí 3 o 4 ejes a los que debían dárseles prioridad. Uno, receptar la matricula joven de la abogacía, porque el aumento de la salida de abogados muy jóvenes era masiva y estaba duplicando rápidamente las matriculas tradicionales de los Colegios y particularmente al Colegio de Abogados de la Plata. Por mi formación docente universitaria entendía que había que tener un compromiso mucho mas intenso no sólo desde la universidad sino también desde los Colegios. Hoy los Colegios como entidades complementarias en la política universitaria, pueden dar una respuesta en la actualización permanente y en la formación de los abogados jóvenes por lo que había que trabajar conjuntamente con las universidades en reforzar planes de posgrados de actualización y de formación permanente del abogado joven. Por lo tanto esto me pareció que era la necesidad fundamental para salir con una respuesta.
En segundo lugar, una integración de la abogacía hacia afuera, entendido esto no solamente hacia las relaciones del resto de las provincias en un estado federal en donde cada provincia regula sus entidades profesionales, sino la necesidad de una integración de la abogacía con el resto del mundo porque el abogado hoy ha roto sus barreras internas y necesita tener un contacto directo con todas las instituciones mundiales. Para esto trabajamos intensamente, y entre los logros que creemos que son a futuro pero anclándose en el pasado, está el convenio de hermanamiento entre el ilustre Colegio de Abogados de Madrid y el Colegio de Abogados de la Plata. Desde el año 2001 venimos haciendo ciclos continuos, todos los eneros, con la universidad San Pablo Zeu de Madrid incorporando alumnos iberoamericanos, junto a los alumnos abogados argentinos que van a hacer durante un mes un entrenamiento en derecho iberoamericano-europeo con puntos de doctorado de ambivalencia en Argentina y España. Esto ha generado la idea de una abogacía integrada que no solamente se interne en el derecho local sino que se vincule a fondo con lo que está pasando en el resto del mundo.
Una tercera pata ha sido el trabajo frente al ejercicio de los poderes en la defensa de los derechos, que son por un lado el de los propios abogados, y por el otro, la defensa de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos, ensanchando las legitimaciones para que el estado de derecho se transforme no en una forma sino en una sustancia, y que la democracia no sea una cuestión formal sino una situación verdaderamente real. Creo que los Colegios no sólo están para hacer trabajos de defensa de sector, que es legítimo y válido, ya que han nacido para el control de la matrícula. Pero tienen que defender la institución social e insertarse en la sociedad civil para que ésta se sienta representada y muchas veces acuda a la institución colegial para recibir respuestas y a la inversa, que los Colegios puedan recibir de la sociedad civil ideas, canales y puedan formalmente devolverlos como políticas públicas.
DJU: ¿Qué aspectos o temas desarrollados durante su gestión deben mantenerse?
CA: Hay que profundizar el debate de la formación del abogado, profundizarlo a nivel educativo en las currículas universitarias, definir claramente qué políticas universitarias va a tener que plantear el país, porque la creación de múltiples universidades ha abierto calidades diversas. Por lo tanto hay que replantear el concepto de la universidad si es relación estrictamente áulica, docente-profesorado; redefinir si la universidad a distancia o vía telemática es un modelo adecuado a nuestro país, redimensionar los contenidos de la currícula, creemos que no pueden faltar algunos contenidos tales como informática, deontología, más comúnmente conocido como ética, pero desde un punto de vista razonado y argumental y no solamente el aprendizaje de la ética por la repetición de una conducta que puede sobrevenir del grupo familiar o del referente social en que uno se mueve.
A esto hay que sumarle el entrenamiento para que el abogado no crea que toda la vida es proceso, que no todo es juicio, no todo es justicia a través de un juez formal. Que se entienda que hoy la abogacía puede resolver alternativamente conflictos que no sean de justicia organizada por el poder judicial. Se pueden plantear mediaciones, conciliaciones, arbitrajes. Estamos totalmente convencidos que los sistemas de justicia de libre albedrío por criterios de sana crítica tienen que estar de la mano de los juristas.
Un segundo plano que tiene que profundizar a fondo la colegiación es la actualización permanente una vez graduado. Lo que estamos planteando es comprometer la formación del abogado activo con un seguimiento permanente que los Colegios hagan y no que queden después de la matriculación desvinculados o aislados.
Hoy el MERCOSUR se instala como un modelo no solamente jurídico, es una decisión político- cultural. Brasil a través de la orden de abogados de Brasil, organismo del consejo federal, habilita 480.000 abogados activos contra 2.500.000 de licenciados en derecho de todas las universidades y facultades de derecho de Brasil. Lo hace por medio de un control de acceso a la profesión que es un ciclo de formación intensivo que luego de una evaluación rigurosa el abogado recibe una habilitación, una aceptación que le permite ejercer en todos los estados de Brasil. Si nosotros vamos seriamente a asumir el MERCOSUR tenemos que asimilarnos a un nivel de exigencia que Brasil no va a ceder frente a la falta de ese compromiso por parte de Argentina.
También esto obliga a que la abogacía argentina tome una posición frente al embate de nuestra inserción en el ALCA, las tendencias de la OMC que pautan de otra manera la prestación de los servicios donde los jurídicos están equiparados a los económicos, pero que inexorablemente nos van a enfrentar con el debate.
Otro punto es lo que se aproxima en el año 2004 dentro de Argentina frente a la ley de educación superior, que en su art. 43 declara con competencia al Ministerio de Educación de la Nación para que la actividad de la abogacía sea declarada de interés público y el ministerio clasifique lo que algunos llaman incumbencias pero que en realidad son actividades de habilitación. El Ministerio de Educación y Cultura nos adelantó el año pasado en distintas reuniones con el Director Nacional de Políticas Universitarias que el ministerio lo va a ordenar pero que previamente quiere invitar a los protagonistas a que se expidan, que tomemos una definición institucional.
También está pendiente el gran debate de la transformación del sistema de justicia, que va de la mano con la formación del abogado que en definitiva es el protagonista del sistema. Tenemos que darle una relevancia notable al diagnóstico que tiene el sistema de justicia, donde muchos no saben de qué diagnóstico están hablando por lo tanto se habla de reformas pero no se tiene ciertamente el camino dentro del cual se puede trabajar con paso firme y seguro sobre que es lo que hay que retocar. Hay que retocar la formación en redacción legislativa, que el legislador comprometa su formación y no sea un sólo conformador de los proyectos iniciados por el poder ejecutivo de turno. Esta es la otra gran tarea que tienen los colegios profesionales, trabajar seriamente en una propuesta de políticas publicas en los proyectos de reforma de justicia.
DJU: ¿Que lo llevó a candidatearse a la presidencia de la FACA?
CA: Yo no me he candidateado, esto ha surgido como producto de una evaluación de los Colegios de abogados que integran la federación argentina (que son 74) y de sucesivas reuniones que se van realizando en forma trimestral. En la última reunión de agosto, en Tucumán, varios Colegios propugnaron que La Plata, en mi persona, asumiera la responsabilidad de llevar adelante el desarrollo de estas ideas, y el encabezamiento que a los fines electorales se denomina lista “de unidad programática y participación” que integra a todo el país. Partimos de esta premisa, la Federación Argentina es una institución que nace en la década del 20 para igualar las oportunidades de todos los Colegios, darles a todos una cobertura porque los Colegios institucionales lo que hacen es defender al abogado y al ciudadano, que en palabras de Osorio y Gallardo explicando la razón de ser de los Colegios dijo “será mas fácil eliminar a un abogado en el ejercicio de la defensa, que a un colegio que lo proteja”. Los ataques que pueda sufrir un abogado o un ciudadano en una disputa judicial podrán venir de diferentes sectores, sean públicos o privados, pero cuando hay un colegio que asiste y defiende al ciudadano o al abogado es mucho más difícil quebrar la defensa, quebrar el estado de derecho.
También le sucede esto último a los Colegios, que en su región, en su realidad, combaten contra el poder de turno, aquellos sectores históricos que en muchas regiones del país dominan y coartan el ejercicio de defensa. Para ello La Federación Argentina nace como una garantía supra, acompañando el desarrollo de los Colegios, apoyando a sus dirigentes y a los ciudadanos. A partir de ello, juntamos las mismas ideas en el noroeste argentino, el noreste con su litoral, el centro del país con su Tucumán, con Cuyo, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Patagonia y provincia de Buenos Aires, con una profunda convicción, de que no había que eludir la responsabilidad. Sobre estos fundamentos, hemos elaborado los ejes de la realidad argentina en la abogacía actual y a futuro, y hemos compuesto una propuesta que represente regionalmente a todo el país en igualdad de oportunidades, sin hegemonías y preponderancias tratando de superar aquella vieja historia del puerto y del resto del país, debate donde inexorablemente se instala la próxima elección, sobre el futuro de una abogacía que tenga realmente una raíz de representatividad federal.
DJU: ¿En qué se diferencia sus propuestas de las demás?
CA: Son dos listas, creemos que somos una sola pero reconocemos que hay un adversario. La diferencia es que para nosotros los Colegios de abogados son la FACA, con esto queremos simbolizar que la Federación Argentina se nutre realmente con los Colegios y asociaciones de todos los lugares del país.
Tenemos un compromiso a fondo con la defensa de la tarea profesional dando igualdad de oportunidades en la diversidad que el país tiene, dándole la igualdad de oportunidades en lo profesional, en lo formativo, en la tarea de luchar por las reformas de sistemas justicia acompañando a los que pueden tener mas dificultades. Propugnar un debate de políticas públicas a través de la FACA que le permita recobrar su prestigio frente a las posiciones del poder público, opinando seria y profundamente en proyectos legislativos, proyectos institucionales, etc.
DJU: ¿Desde el punto de vista internacional qué se piensa hacer?
CA: Revitalizar a la FACA como un organismo central de apoyo insertándolo en lo internacional para lo cual ya venimos trabajando desde hace 4 años y vale el momento para citar una contribución que hemos hecho a la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados que actualmente está presidida por el Colegio de Abogados de Madrid y donde hemos colaborado con el debate de la defensa ante la Tribunal Penal Internacional, que fue la puesta en marcha el año pasado del jurado, del tribunal más los fiscales y la inserción de la defensa. Nosotros hemos adscripto y hemos tenido éxito en sostener que la defensa la debe ejercer cualquier abogado matriculado en cualquier Colegio de Abogados de su país región o distrito y no como sostenían algunos lobbies internacionales de crear un Colegio de Abogados especialistas en derecho penal en la Haya para que éste habilite ante el Tribunal Penal Internacional la defensa de aquellos imputados por delitos, crímenes de guerra por genocidio o delitos de lesa humanidad. Hemos conseguido así que la Asamblea permanente de la Estados Miembros de la ONU recepte la propuesta de la Unión Iberoamericana de Colegios de abogados y habilite esta tendencia de que cualquier abogado pueda ser defensor.
Dentro de este esquema la relación internacional que la FACA tiene que tener como reaseguro en sus relaciones dentro del país y hacia fuera del país lo que nos va a permitir fortalecernos en el dialogo franco con MERCSUR, Brasil y otros foros del resto de América, del grupo del Caribe, el foro del norte de América del Sur que tienen problemas mayores o iguales a los nuestros pero que juntos seguramente lograremos afianzar el compromiso en el que se afianza el MERCOSUR. Porque todos los estados miembros que van rumbo a la generación de mercados comunes se apoyan primero en garantizar los sistemas de democracia y representación ciudadana. Si la abogacía no logra insertar esto en todos los sectores de América corren peligro las instituciones locales.
DJU: ¿Cuáles van a ser los temas importantes en la FACA?
CA: Los temas prioritarios serán los referentes a la formación del abogado, trabajar a fondo en la reforma y el control del sistema y administración de justicia a través de la garantía del Estado de Derecho, la garantía de independencia del Poder Judicial, la garantía del acceso a la justicia por idoneidad, la transparencia en la función judicial, el compromiso de la abogacía en corresponder a estos postulados que se le exige a la justicia por lo tanto la abogacía en el ejercicio libre está comprometida con esto. Afianzar a los Colegios como reaseguros en la defensa no solamente de los profesionales sino de los ciudadanos y las instituciones de cada provincia, fortalecer las relaciones con cada uno de los sectores del poder político para aportarles políticas públicas pero no confundirlos con los poderes políticos, tener una absoluta independencia de acción y de opinión y sobre todo afianzar nuestras relaciones internas y externas para que la abogacía recobre el valor y prestigio que le permita decir a cualquier abogado “soy abogado”.
DJU: ¿Cuál es su opinión acerca del juicio político a Moliné O´Connor?
CA: Para hablar de casos particulares hay que conocer a fondo las causas documentales sobre las cuales se apoya una acusación o una observación a la función. Lo que sí hay que ratificar es lo siguiente, los canales institucionales que tiene cada constitución para la remoción o la designación de un magistrado se apoyan en la demostración que el Estado confía. Por lo tanto el acuerdo para que un juez sea tal es que se confía en él para que actúe como tal. Cuando éste deba ser removido el procedimiento de remoción tiene que rescatar institucionalmente un reaseguro a futuro que permita que el examen de remoción se haga en los marcos constitucionales que revitalicen a la democracia y a las instituciones constitucionales. Bajo este análisis, el juicio político es un juicio político no es un juicio judicial lo que significa que si hay un mal desempeño de las funciones la pauta de observabilidad va a estar dentro del parámetro político que debe respetar principios de defensa, de audiencias, de oportunidad de dar pruebas, de producirlas, de evaluarlas y de resolver fundadamente. Las pautas de ponderación son distintas. El juicio político evalúa si la persona merece seguir teniendo o no la investidura de la confianza publica a través del órgano del Estado. Por lo tanto el examen de un mal desempeño no se puede hacer desde la órbita judicial como los abogados estamos acostumbrados a evaluarlos. Esto no quita que el juicio que pueda venir del sector política no pueda tener un control posterior. Si luego de esto hubiera un absurdo o irrazonabilidad en el juicio final de ponderación podrá haber controles posteriores que evalúen si el juicio político que realiza el senado se ajusta o no a la pauta constitucional. Esto es lo que afianza a las instituciones mas allá de los casos específicos o el juicio de decir si fulano o mengano está bien o mal destituido. Sería exagerado sin conocer las constancias sobre las actuaciones, expedir un juicio al respecto. Hay que ratificar que estas son las instituciones y defender los mecanismos institucionales para evitar que se desnaturalicen los trámites previstos por la Constitución para casos excepcionales como estos.
DJU:¿Qué opina de los fallos de la CSJN que niegan legitimación a los Colegios?
CA: Nosotros como Colegio de Abogados de la Plata lanzamos una prueba que fue inédita cuando aparece en el 2002 el trauma del corralito. Convencidos de que la legitimación legal de los Colegios protege no sólo la defensa individual de los abogados sino el conjunto colectivo de estos derechos, reclamamos ante la justicia federal a través de una acción de clase como se denomina hoy en la doctrina moderna, la representatividad y defensa de intereses colectivos. Esto dio en su momento un shock institucional pero tuvo acogida desde el punto de vista judicial, porque no solamente nos hicieron lugar al planteo como representatividad del sector, sino que además se reconoció al colegio como legitimado para poder atender las demandas particulares de su propios matriculados. Esto abrió un debate judicial en el que tuvimos éxito y un reconocimiento público por sus efectos. Y entre medio veníamos en paralelo con la discusión del monotributo, en orden a que aquellos que facturan menos de 36.000 pesos anuales por medio de una reforma de la ley del IVA en el año de 1998 son llevados a tener que elegir entre ser monotribustas o responsables inscriptos, con una mayor presión tributaria, con una mayor carga formal de registración y control frente a aquellos que teniendo mas de 36.000 pesos de facturación anual pero menos de 94.000 tenían la opción de ser responsables inscriptos o no inscriptos. Nosotros vimos que había un desequilibrio, una desigualdad y planteamos una acción de conjunto, y obtuvimos una medida cautelar que dio la opción a que los profesionales de mantenerse como responsables no inscriptos igualándose con los otros tenían esa chance.
Lo que dicen los fallos de la CSJN es que los Colegios no tienen legitimación para plantear esto por la cuestión patrimonial en juego y por lo tanto debieron a petición de cada particular, instar la acción. Cuando nosotros hicimos la acción de amparo por el tema corralito tuvimos la percepción de que la Corte podría generar a futuro un cambio de jurisprudencia y entonces le requerimos a los propios matriculados una ratificación de nuestra acción para legitimarlos en forma individual mandando expresamente un apoderamiento que diga que “el colegio me representa”. En el tema del monotributo hubo ratificaciones parciales pero la Corte ha entendido que cada sujeto contribuyente tiene la legitimación para en todo caso plantear la cuestión en el momento en que la AFIP intente reclamar la diferencia.
DJU:¿Cuál es la situación hoy? ¿En qué preocupa?
CA: Nosotros estamos preocupados porque advertimos que hay un retroceso institucional en que los Colegios o las asociaciones intermedias de esta naturaleza estén limitadas en el acceso a la petición judicial, porque al entender que no tenemos legitimación para defender cuestiones vinculadas a nuestro sector, estamos volviendo a que solo el particular individual sea el titularizado para reclamar. Aún así creemos que la salida a corto plazo de este fallo apunta a la tendencia política de eliminar la categoría del responsable no inscripto. En cuanto a las hipotéticas retroactividades, el profesional a titulo personal que reciba una intimación deberá replantear la cuestión, porque en el fondo la medida cautelar nos dio la razón en la cuestión de fondo, sustancialmente y está superando de esta manera una cuestión de legitimación personal.