Irma Ramacciotti –abuela de Plaza de Mayo- y Santiago Nicola, madre e hijo respectivamente de Lucía Esther Molina, pidieron que se los incorpore como querellantes en la causa porque la mujer fue vista con vida en El Vesubio uno de los más activos centros clandestinos de detención durante la dictadura militar, ubicado cerca del aeropuerto de Ezeiza.
En la presentación de una docena de carillas a la que tuvo acceso este diario, se explica que Lucía Molina fue secuestrada el 21 de abril de 1977 en su casa de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, por efectivos del Ejército que se llevaron también al pequeño Santiago, por entonces de 1 año y medio.
Santiago quedó bajo custodia de un juez de menores, por lo que su abuela pudo recuperarlo. Poco tiempo después, la mujer leyó en el diario que en un “enfrentamiento” había muerto el novio de su hija, Rodolfo Goldín, pero no volvió a tener noticias de Lucía, quien además estaba embarazada y –se supone- dio a la luz estando en cautiverio, entre julio y setiembre de 1977.
En el escrito presentado hoy, los abogados Liliana Mazca, Eduardo Soares, Gustavo Piantino y Bernardino Zaffrani pidieron además que se acepte como querellante en el expediente a la “Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares”, un organismo con base en la ciudad de Córdoba.
El 24 de octubre pasado, el juez Rodolfo Canicoba Corral a cargo del expediente recibió a Susana Reyes, Ana María Di Salvo, Eduardo Jorge Kiernan, Guillermo Lorusso y Jorge Watts todos sobrevivientes del mismo centro clandestino El Vesubio, quienes también pidieron ser tenidos como parte querellante.