La juez concluyó que la maniobra se basó en la “elaboración de facturas apócrifas como respaldo del pago por la provisión de servicios de atención en el exterior” de la aeronave presidencial, en sus recientes vuelos a varios países de Europa y a Montevideo, Uruguay.
Se trata de la causa que se inició por una denuncia del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que fueron “presentadas y glosadas” como “rendiciones de cuentas de la Dirección General de Administración de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”.
En la resolución, que se publica íntegra, la juez concluyó que Sky Support realizaba facturas apócrifas con sobreprecios que cobraba al Estado, por servicios en el avión presidencial que en realidad realizaban otras empresas, que facturaban montos mucho menores.
Así, se detectó que las firmas Universal Weather & Aviation, y Executive Aircraft Service emitían facturas dirigidas a domicilios de la empresa de Cerioni, Correa y Ferniot, “por valores inferiores a los registrados en las facturas falsificadas, resultando, por ende, el precio real y efectivamente abonado por tales servicios inferior al rendido ante la Secretaría General de la Presidencia”.
La resolución indica que “el monto total realmente pagado por las prestaciones con motivo del comentado viaje a Europa habría ascendido a un máximo de U$S 150.420, mientras que la facturación falsa sumó un total de U$S 206.753,62.”
En el caso de la comisión a Uruguay, “el costo real habría sido de U$S 8.085,16, mientras que el total facturado a la Presidencia de la Nación fue de U$S 18.945,70”
“Es imposible dejar de apreciar que todo el procedimiento envuelto en la provisión de servicios de atención en el exterior de las aeronaves presidenciales, al menos en cuanto hace las dos comisiones de servicio motivo de esta resolución, adolecería de una alarmante falta de formalidades”, remarcó la magistrada federal.
Y por eso, sugirió que “se debería encarar la investigación respecto al funcionamiento de los diversos resortes de control, en vista de que en principio quienes han tenido esa responsabilidad habrían actuado en forma administrativa censurable por cuanto prima facie hubieran debido advertir los procedimiento defectuosos”.
Servini concluyó que todos los procesados “serían coautores de las conductas criminadas, ello toda vez que estaríamos en presencia de una división de funciones con dominio del hecho por parte de cada uno” que “habrían realizado sus respectivos aportes esenciales para la concreción de la totalidad de cada maniobra”.
En la misma resolución, la juez dispuso embargar por medio millón de pesos a cada procesado y prohibir la salida del país a José Luis Orazi, Daniel Oscar Fiore, Luis Alberto Lazota, Gustavo Adolfo Cercedo y Guillermo Testoni, todos imputados aunque sin la situación resuelta aún en el expediente.