“La declaración de esta persona (por Pontaquarto) prueba el delito porque es una confesión y todo lo que arroje prueba en ese sentido lo vamos a arrimar a la investigación”, dijo Canicoba en diálogo con periodistas al retirarse del edificio de los Tribunales porteños.
Además, el juez valoró como “satisfactorias para la investigación” las diligencias que se realizaron anoche, de las que trascendieron inspecciones en la SIDE, el Senado de la Nación y el departamento donde vivía el ex senador Emilio Cantarero.
De esta forma, Pontaquarto, que participó de las diligencias, reconstruyó la ruta del dinero de los cinco millones de dólares que, según el mismo afirma, el Poder Ejecutivo utilizó para sobornar a senadores justicialistas para la aprobación de la ley de Reforma Laboral, en abril de 2000.
Aunque se excusó de agregar comentarios sobre las diligencias, por el secreto de sumario imperante, Canicoba dejó claro que más allá de la versión contrapuesta que ayer brindó el ex secretario del senador Remo Constanzo, Antonio Fraga Mancini, la confesión de Pontaquarto sigue en pie y probarla constituye el principal esfuerzo de estas horas.
Canicoba reconoció que estaba “a la espera de otras diligencias que se ordenaron” en las ultimas horas y subrayó que “todavía no se ha dispuesto” un careo entre Pontaquarto y Mancini aunque reconoció que “la diligencia del careo será cuando esté más avanzada la investigación, entre todas las personas que han tenido versiones contradictorias”.
Antes del careo, además, fuentes judiciales confirmaron que el juez le ampliará la declaración indagatoria a Pontaquarto, en un trámite que se realizará “mañana o el viernes”, indicaron los informantes.
Por otro lado, los fiscales del caso, Federico Delgado y Eduardo Freiler, le pidieron al juez que cite a declarar como testigo al actual gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa y al senador nacional radical Rodolfo Terragno.
Rodríguez Saa declaró en las últimas horas que “sabe mucho” sobre el caso de las coimas (era senador en ese momento), mientras Terragno , siendo jefe de Gabinete de De la Rúa, se negó a firmar un decreto secreto que autorizaba partidas adicionales por 30 millones de pesos para la secretaría de Inteligencia del Estado.
Por otro lado, fuentes de la causa confirmaron que está pendiente una resolución del juez sobre el peritaje escopométrico sobre la hoja que entregó en el juzgado Pontaquarto, que tal como adelantó ayer Diariojudicial.com contiene los nombres de ocho senadores justicialistas que habrían cobrado sobornos.
Según Pontaquarto, esa hoja con el rótulo “Senador de la Nación” se la entregó Cantarero cuando le dejó en su casa los 4.300.000 pesos que le habían entregado en la SIDE. Cerca de los fiscales afirman que si se comprueba que el papel contiene la grafía original de Cantarero la situación de este ex senador quedaría muy comprometida.
Sin embargo, en el juzgado se muestran esperanzados con los datos que puedan surgir de la agenda telefónica que acercó ayer Pontaquarto. Esta agenda servirá para limitar el universo del entrecruzamiento de llamadas y focalizar en algunos nombres, explicaron las fuentes.
Aunque no lo confirmaron rotundamente, se descuenta que uno de los esfuerzos iniciales en esta línea de la investigación se centrará en probar si existieron las llamadas de Constanzo y Cantarero al teléfono de Pontaquarto la misma noche de la aprobación de la ley.
Según declaró el “arrepentido” el viernes, los dos senadores lo llamaron varias veces para saber por qué se demoraba entregarles el dinero de la coima.
El demonio “Ponta”
La ex senadora Beatriz Raijer (PJ-Córdoba) denunció penalmente a Pontaquarto, luego que éste la nombrara como una de las senadores que habría cobrado sobornos para la aprobación de la ley de Reforma Laboral.
La presentación se realizó temprano en el mismo juzgado de Canicoba Corral, aunque éste la derivó a sorteo en la Cámara Federal y recayó en el juzgado a cargo de Jorge Urso. Fuentes judiciales señalaron que la ex legisladora imputa al “arrepentido” haber mentido, por lo que la investigación deberá girar en torno a los presuntos delitos de falso testimonio, falsa denuncia, calumnias e injurias.
Por su parte la diputada Graciela Ocaña (ARI-Buenos Aires) adelantó que impulsará la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia, para aportar a la investigación el uso de los fondos reservados de la SIDE.
También la organización Poder Ciudadano le pidió a Canicoba Corral que habilite la feria judicial que comienza el próximo dos de enero para continuar tramitando la causa, aludiendo a la “gravedad institucional” que tiene el caso.
Canicoba ya adelantó que trabajará en el expediente “entre el 5 y el 20 de enero” y que pedirá autorización a la Cámara Federal para proseguir con la pesquisa.