Todo comenzó el 16 de septiembre de 2002, cuando un total de 14 trabajadores y ex trabajadores presentaron a la dirección de la empresa un comunicado de queja en el que denunciaban los cuestionables comportamientos de la encargada, donde precisaban además que cuando “una compañera de trabajo la sorprendió retirando dinero en efectivo de la caja le dijo que lo necesitaba por cuestiones familiares”.
En este sentido, los trabajadores del supermercado explicaron también que “habitualmente, la encargada insultaba a sus subordinados” llamándolos “subnormales y cerdos”, y los “vejaba y amenazaba con el despido o con no renovarles el contrato” si se resistían a cumplir sus órdenes de llevarle la compra a su domicilio.
En su defensa, la encargada del supermercado acusada por los trabajadores impugnó el despido ante los tribunales señalando que se había vulnerado la legislación laboral, puesto que las acusaciones que justificaron el despido son según su entender “inconcretas y vagas”, desconociendo por ello las imputaciones de sus subordinados.
Al respecto, el Alto Tribunal catalán reconoció que algunas de las conductas de la demandada son reprochables, y en cuanto a la imputación que hace referencia a la sustracción de dinero de la caja, entendió que demuestra una clara “vulneración de la buena fe contractual”, rechazando por tales razones el recurso y confirmando el despido, absolviendo de esta manera a la empresa del pago de cualquier tipo de indemnización.