Liporaci prestó declaración indagatoria el pasado jueves y presentó un escrito para defenderse de las imputaciones en su contra, y en ese descargo el ex magistrado adjuntó pruebas documentales que, según estimó su defensor Héctor Rodríguez, acreditarían “la forma y los recursos con los cuales Liporaci adquirió “todos sus bienes”.
Sin embargo, esos argumentos no convencieron al fiscal, que pidió el procesamiento de Liporaci porque “no justificó su incremento patrimonial y no brindó detalles” que logren desincriminarlo, en tanto que con respecto al embargo de la mansión, el fiscal argumentó que el ex juez actualmente no reside en el mismo lugar, ya que vive en un departamento del barrio de Belgrano, y los inquilinos “tienen opción de compra” sobre la misma.
Liporaci explicó que había adquirido esa propiedad a través de la suscripción de dos préstamos, el primero por una hipoteca de 210 mil dólares a favor de Guido Torrisi, y el segundo, un mutuo con garantía personal entre su esposa, Lidia Inés Calbé, y el titular de la Cooperativa Cofiarsa, José Levy, por la suma de 160 mil dólares, mientras que el acusado alegó también haber completado el importe para abonar su mansión con 197 mil dólares en efectivo.
Pero para el fiscal, el ex juez sospechado sólo pudo haber reunido “razonablemente 70 mil dólares”, por lo que entiende que debe “exigirle explicaciones por el faltante de 91 mil”, ya que dicha suma “constituye un incremento patrimonial concreto y apreciable cuyo origen no encuentra explicación razonable”.
Liporaci renunció hace casi tres años, acosado por las denuncias en su contra y cuando tenía a su cargo la causa por el presunto pago de sobornos en el Senado, cuando se tramitaba la Reforma Laboral, durante el gobierno de la Alianza.