A mediados de agosto pasado, Ricardo Lona había solicitado formalmente al presidente Néstor Kirchner que le acepte la renuncie al cargo para que el expediente sea archivado, pero el Ejecutivo Nacional no aceptó la dimisión a pedido de los miembros del Consejo de la Magistratura. Incluso, la defensa de Lona presentó un recurso ante la Corte Suprema para que se deje sin efecto la acusación por la renuncia presentada ante el Ejecutivo.
Según trascendió, aquel pedido fue avalado por los ministros Guillermo López y Adolfo Vázquez, últimos representantes de la llamada mayoría automática, pero no prosperó por la falta de apoyo de sus pares.
En la sala de audiencia del Consejo de la Magistratura, ubicada en el segundo piso del Palacio de Tribunales, estuvieron presentes para presenciar los alegatos, Elisa Carrió, pendiente del alegato de Rodríguez, y las Madres de Plaza de Mayo, interesadas en seguir de cerca el proceso a quien consideran responsable de la “Masacre de las Palomitas”.
Lona está acusado por el delito de “mal desempeño” de sus funciones en tres causas que se tramitaron ante su juzgado en Salta, entre ellas la llamada “Masacre de las Palomitas”, un episodio por el que se lo acusa de haber dado la orden de traslado de varios detenidos militantes del ERP que luego fueron fusilados por las fuerzas de seguridad.
En su momento, la denuncia fue presentada por el diputado provincial Pablo Outes, hijo de una de las víctimas, quien acusó al juez de haber autorizado el traslado de un penal de las Rosas, Salta, hacia una cárcel cordobesa de los militantes que se encontraban presos, que luego, en el camino, fueron fusilados, aunque el personal de seguridad a cargo dijo que se había tratado de un enfrentamiento armado.
Además, el magistrado también fue acusado por su presunta intervención en la venta de un bebé a un matrimonio francés y por haber actuado como “albacea testamentario” de un anciano de noventa años llamado César Pereyra Rozas, cuestionándosele haber asumido ese rol cuando por su carácter de juez no podía hacerlo por las incompatibilidades existentes entre la profesión de abogado y la magistratura.