El Tribunal Oral Federal 4, compuesto por los jueces María Cristina San Martino, Leopoldo Bruglia y Horacio Vaccare, será el encargado de llevar adelante la audiencia oral, a la que llegan también acusados los ex funcionarios del ministerio, Enrique Codina y Norberto Coronel.
Fuentes judiciales explicaron además que hay otros dos acusados, responsables de las empresas contratadas en forma presuntamente irregular: María del Pilar Rego, vicepresidente de La Royal y Eduardo Cosme Zacarías, vicepresidente de Linsen S.A..
Según el expediente judicial, la primera de las empresas ganó una licitación “direccionada” para apartar del proceso de licitación a los oferentes que exhibían menores precios y facilitar una contratación a precios mucho mayores.
En esa línea, se dio por probado que los pliegos de licitación se alteraron en cuanto al número de empleados con los que las empresas debían contar para acceder al contrato, que pasó de 100 a 700. En un informe incorporado al expediente, se asegura que con 96 personas alcanzaba para realizar las tareas, pero la licitación se llevó adelante con los nuevos números.
“Así dejaron afuera a oferentes que presentaban mucho mejores precios” graficó una fuente judicial. El resultado de toda la maniobra fue que el Estado tuvo que desembolsar un 60 por ciento más por los servicios en 1998, comparado con lo que había abonado en 1997.
La querella en la causa la sostienen los abogados Marcelo Parrilli y Antonio Liurgo, representantes de la firma demandante Horizonte S.A, que había quedado afuera de la licitación por los cambios de último momento.
En su momento, el juez Urso había procesado también al ex ministro de Trabajo Antonio Erman González, quien en su momento era el superior inmediato de Uriburu, pero la Sala I de la Cámara Federal le revocó el procesamiento porque, entendieron los jueces, “no existen elementos que permitan inferir siquiera mínimamente algún tipo de participación de González en la confección o modificación del pliego de licitación".