03 de Julio de 2024
Edición 6998 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 04/07/2024

Brevatas

Comienza a correr el plazo para formular avales e impugnaciones a la candidata a la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco | Definen si continúa investigación sobre supuestas relaciones entre jueces marplatenses y redes de prostitución de la zona | Revocan sobreseimiento del ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez | Un fiscal pidió que se investigue penalmente al juez Bustos Fierro | Ex Juez Liporaci denunció “presiones políticas” cuando estuvo al frente de la causa por las coimas en el Senado | Convocan a jueces e integrantes del Ministerio Público para integrar el Consejo de la Magistratura Porteña | Demanda millonaria contra Inglaterra por explotación ilegal de Las Malvinas

 
Plazo

Con la publicación de los antecedentes de la candidata a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, quedó formalmente abierto el periodo para presentar avales e impugnaciones a su postulación. De ese modo el registro quedará abierto hasta el próximo 31 de marzo fecha hasta la cual se podrán hacer llegar al Ministerio de Justicia manifestaciones a favor o en contra de la camarista del fuero Civil de la Capital Federal. Recordemos que el Poder Ejecutivo postuló a la juez el 17 de febrero para cubrir la vacante producida en el alto tribunal tras la destitución del ministro Eduardo Moliné O`Connor.

Definición

El Consejo de la Magistratura de la Nación está investigando supuestas vinculaciones entre jueces federales de Mar del Plata y redes de prostitución de la zona las cuales saltaron a la luz en el marco de la causa conocida como “El Loco de la Ruta”. La investigación actualmente se encuentra en la Comisión de Selección del cuerpo la que mañana deberá decidir si desestima o continua con la investigación de esos hechos. Según fuentes del órgano los hechos investigados salieron como un desprendimiento de la instrucción en donde el juez Pedro Hoft comenzó a trabajar sobre la desaparición de prostitutas en Mar del Plata, causa que se conoció en los medios como “El Loco de la Ruta”. Desde el Consejo aclararon que en ningún modo se está investigando la relación de los jueces con la desaparición de las mujeres, sino que se intenta determinar si éstos solían frecuentar este tipo de lugares, lo que explicaron sería un hecho grave. Los voceros del Consejo comentaron que cuando Hoft comenzó a realizar cruces telefónicos se descubrió que existían llamadas telefónicas a distintos prostibulos provenientes de un Tribunal Oral de Mar del Plata. Por su parte, los magistrados negaron todo tipo de vinculaciones con los hechos investigados y explicaron que los llamados desde el tribunal habrían sido realizados por personal que estaba a cargo de la seguridad del edificio judicial. Hasta el momento en la Comisión de Acusación existen dos posturas una encabezada por el abogado Beinusz Szmukler quien pretende que se desestime el pedido de juicio político, pero por otro lado el legislador Jorge Casanovas quien pretende que se profundice la investigación.

Revocación

La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez y ordenó que se le tome declaración indagatoria porque hay “grado de sospecha” sobre su actuación presuntamente irregular en la adjudicación de estaciones aéreas a la empresa Aeropuertos Argentina 2000. De esta forma la Sala II de la Cámara Federal le ordenó al juez Rodolfo Canicoba Corral que siga investigando y cite a declaración indagatoria al ex jefe de Gabinete de Carlos Menem, Jorge Rodriguez y al ex secretario de control estratégico Miguel José Solé, en una causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de estaciones aéreas a la empresa Aeropuertos Argentina 2000. Los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi advirtieron al juez de primera instancia que “encamine decididamente la pesquisa” disponiendo “las medidas de prueba” que pidió el fiscal Carlos Stornelli y la Oficina Anticorrupción, entre las que se encuentran el llamado a indagatoria de Rodríguez y Solé. Los camaristas indicaron que hay “un grado de sospecha suficiente” para citar a Rodríguez y a Solé a indagatoria al resolver un recurso de apelación interpuesto por la querellante Oficina Anticorrupción. El fiscal Stornelli también había apelado el sobreseimiento de los ex funcionarios, pero el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz no mantuvo el recurso. Irurzun, Cattani y Luraschi estimaron que “las probanzas en ningún modo permiten dar por concluida la investigación” y remarcaron que en la causa figura una pericia contable con “conclusiones sobre las modificaciones que sufrió el pliego de bases y condiciones -algunas sustanciales- que merecen la adopción de diligencias para esclarecer esos aspectos”.

Investigación penal

El fiscal general de la Justicia Federal de Córdoba, Alberto Lozada, remitió los antecedentes de la causa por presuntas irregularidades en la tramitación de amparos del “corralito” financiero que se detectaron en su momento en el Juzgado Federal 1 de la provincia, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro, para que se abra una causa penal ante la fiscalía de Instrucción a cargo de la fiscal Graciela López de Filoñuk. La funcionaria será la encargada de adjudicar posibles responsabilidades penales de Bustos Fierro y de sus secretarios Héctor Martínez y María Riccobene. La Cámara Federal había dispuesto a principios de febrero, luego de algunos trascendidos, inspeccionar el juzgado de Bustos Fierro, donde se habrían detectado irregularidades en la tramitación de amparos por el "corralito" financiero. Una comisión trabajó desde entonces y emitió un informe, donde se recomendó el inicio de un sumario administrativo contra Martínez y Riccobene. Además, se remitieron los antecendentes al Consejo de la Magistratura de la Nación, para un eventual proceso de destitución del juez Bustos Fierro.

Liporaci acusa

El ex juez federal Carlos Liporaci, procesado por enriquecimiento ilícito, aseguró que fue sometido a presiones políticas cuando estuvo al frente de la causa por los sobornos entre el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación para la aprobación de la reforma laboral, en el 2000. En declaraciones televisivas, las primeras que realiza desde que renunció a la magistratura, Liporaci aseguró que fue “perseguido” porque el caso de las coimas es “emblemático”. En esa línea, dijo que la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito surgió como parte de esas presiones. También, el ex juez acusó a las diputadas nacionales Nilda Garré y María América González y a otro legislador nacional “de sexo masculino”, que no identificó, de haberlo “amenazado con el juicio político” durante una reunión en su despacho, si no emitía un fallo contra el ex titular del PAMI, Víctor Alderete.

Convocatoria

Por medio de la resolución nº 144, y a fin de conformar su integración, el Consejo de la Magistratura porteño convocó a elecciones de representantes de los jueces y del Miniterio Público para integrar el órgano cuyos mandatos expirarán el día 18 de diciembre de 2006. En dicha resolución se convoca a 3 jueces/juezas titulares y 3 suplentes para integrar el Consejo de la Magistratura. Por otra parte se convoca a 6 representantes de los Jueces del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar el Jurado de Enjuiciamiento. En tanto se convoca a 8 representantes de los integrantes del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar el Jurado de Enjuiciamiento. El comicio se realizará el día diecinueve 19 de abril de 2004, en la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Av. Leandro N. Alem 684 de la Ciudad de Buenos Aires, entre las 9 y las 15 horas.

Megademanda

El titular de la Democracia Cristiana (DC) porteña, Carlos Traboulsi, presentó en los tribunales porteños una demanda contra Gran Bretaña por 67 mil millones de dólares a favor del pueblo argentino, por “la explotación ilegal de las Malvinas desde 1833 y el robo del tesoro del Virreynato del Río de la Plata en 1806”. La demanda quedó radicada ante el Juzgado Civil y Comercial nº 1 a cargo del juez Edmundo Carbone. El titular de la DC explicó que, con este reclamo, busca “lograr una indemnización por 67 mil millones de dólares para el pueblo argentino por el uso, usufructo y explotación ilegal e ilegítima por parte de Gran Bretaña del archipiélago desde 1833 hasta la fecha, y por el robo del tesoro del Virreynato en 1806” que enviaba Argentina a España en concepto de impuestos. El juez Carbone deberá decidir si da curso a la presentación y, en caso de hacerlo, deberá dar conocimiento de la denuncia a Inglaterra y al gobierno argentino, que contará con 60 días para presentarse como actor o no de la demanda, en reemplazo de la Democracia Cristiana.



dju / dju
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