También dispuso que la entrega de bases de datos en soporte magnético a las editoriales que publican jurisprudencia será centralizada por la Administración del Poder Judicial de la Nación, bajo la supervisión de esa Comisión. La Comisión de Administración y Financiera aceptó, de esta manera, el proyecto presentado por el consejero y juez en la comercial Javier Fernández Moores.
Uno de los datos que se observaron para fundamentar la medida, fue que el Poder Judicial de la Nación abonó la suma de 2.141.000 pesos por año en 1999 y 2000 en ese rubro. Una sola de las editoriales, La Ley, facturó $1.237.930,44 por año al Poder Judicial, previsión establecida también para este 2001.
Esta suma aparece no sólo como excesivamente onerosa sino también poco justificada para los consejeros, dado que, en palabras de la propia resolución “tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la mayoría de las Cámaras de Apelaciones Nacionales y Federales han organizado sus propias Bibliotecas y Secretarías u Oficinas de Jurisprudencia, brindando servicio informatizado –con mayor o menor grado de avance- a los tribunales de cada jurisdicción, apoyo prestado además por el Servicio Argentino de Informática Jurídica (SAIJ) por convenio con este Poder Judicial de la Nación”.
Es un secreto a voces desde hace bastante tiempo que no son pocos los jueces y magistrados que se quejan en voz baja por el hecho de que el Poder Judicial destina personal y recursos materiales para confeccionar las bases de datos jurisprudenciales que luego son entregadas a las editoriales jurídicas “en muchos casos sin contraprestación alguna o sobre la base de acuerdos informales”, tal como expresa la resolución del Consejo. Varios magistrados consultados por este medio manifestaron su disgusto porque las editoriales jurídicas le cobran al Poder Judicial para proveerle sus colecciones de jurisprudencia, siendo que reciben de ese mismo poder “la materia prima” en forma gratuita.
La resolución del Consejo también encomendó al Comité de Informática la elaboración, en el plazo de 60 días, de un informe y plan de acción para la modernización de las Secretarías u Oficinas de Jurisprudencia y Bibliotecas dependientes de las Cámaras de Apelaciones Nacionales y Federales de Apelaciones.