04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Apoyo con restricciones

Una organización no gubernamental vinculada a temas de Justicia hizo público un apoyo con criticas a la candidatura de Carmen Argibay como nueva ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien en pocos días se podría convertir en la segunda mujer que integre el alto tribunal.

 
El documento fue elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entidad que si bien apoyó a la reconocida jurista cuestionó, por otro lado, la situación impositiva de la candidata del PEN, quien reconoció durante la audiencia pública en el Senado del 23 de junio que no está inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

En esa oportunidad Argibay justificó, tal hecho en que su patrimonio nunca superó el mínimo no imponible y que además, los jueces están exentos del pago del impuesto a las ganancias. Sin embargo, para la ADC en el expediente de designación de Argibay como jueza de la Corte "no constaba la respuesta de la AFIP en cuanto a si cumplió con sus obligaciones fiscales".

La organización destacó que no ponía en tela de juicio que la candidata hubiera cumplido con tales obligaciones, sino que hizo hincapié en que ni la ciudadanía, ni los senadores que debatirán si otorgarán el acuerdo, cuentan con el único elemento objetivo para establecer legalmente esta circunstancia: el informe de la AFIP.

Ante tal situación solicitó al Senado que, antes de la próxima Sesión Pública, “los senadores obtengan esta información para que se respete estrictamente el principio de transparencia que debe inspirar este novedoso procedimiento”.

Cabe recordar que uno de los puntos exigidos por el decreto 222/03 es el requerimiento a la AFIP de toda la información relevante para establecer la conducta fiscal de un candidato/a a Jueza de la Corte Suprema.

Además, esta entidad se mostró preocupada cuando Argibay justificó un "cambio de jurisprudencia (en la Corte) fundado en el mero cambio de opinión de sus nuevos integrantes” lo cual “no compromete la seguridad jurídica ni desorienta a los habitantes acerca de cuál es el alcance de sus derechos". Al respecto, la ADC discrepó que la futura ministra piense que basta con tener una opinión distinta para que un cambio de ese tipo sea considerado como legítimo.

Por otra parte, la ONG tuvo una buena opinión de Argibay, cuando ésta destacó que "los jueces tienen que estar sometidos a la ley de ética Pública, que asegura la publicidad de sus declaraciones juradas".

El Pliego de la candidata del PEN se encuentra en la Comisión de Acuerdos del Senado que en breve deberá elaborar un dictamen sobre su postulación, para que el mismo luego sea discutido por el resto de los integrantes de la cámara alta del Congreso de la Nación.



dju / dju
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