Recordemos que, tanto Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores, ya elaboraron un documento en el que impulsan la reducción del número de jueces a fin de evitar cualquier sospecha de falta de independencia de la justicia respecto del poder político.
A su vez, solicitaron al PEN que avale la iniciativa postergando la postulación de candidatos para ocupar la vacante que se produjo en la Corte por la renuncia de Vázquez. Tras la reciente renuncia de Vázquez, se generó una nueva vacante y con ello la posibilidad de que el Presidente de la Nación designe a otro integrante en el Máximo Tribunal.
Según informaron desde las entidades en la cámara baja se está estudiando un proyecto de ley firmado por un nutrido grupo de diputados de diferentes bloques que propone que la Corte Suprema esté conformada por 7 miembros.
Durante el encuentro, las organizaciones le plantearon a Rosatti, que si se produce otra vacante, lo que es probable, la misma gestión estaría designando 5 de los 9 miembros de la Corte. No obstante manifestaron no desconocer que la mera designación de la mayoría de los miembros no provoca por sí misma la pérdida de independencia de la Corte Suprema.
Sin embargo, resaltaron, ante el ministro, que la propuesta de reducir el número de los integrantes de la Corte despejaría toda duda al respecto. La propuesta según las entidades, sigue la línea de aquélla que impulsó el dictado del decreto 222/03, en el cual el presidente de la Nación autolimitó sus facultades en la designación de los jueces de la Corte Suprema y permitió mayor participación en el proceso de designación de dichos magistrados.
En ese sentido, plantearon que nuevamente se buscará limitar la facultad del Poder Ejecutivo para garantizar la independencia del Poder Judicial y contribuir a fortalecer la credibilidad del máximo tribunal.
En el encuentro, los grupos plantearon también que las razones de eficiencia que se alegaron para fundamentar la ampliación a 9 de los miembros de la Corte, durante la presidencia de Carlos Menem, demostraron ser completamente “falaces”.