Las maniobras fueron investigadas inicialmente por el juez federal Miguel del Castillo, y consistieron en supuestas creaciones ficticias de créditos fiscales en no menos de 240 oportunidades aprovechando las estructura impositiva y mecanismos técnicos del Impuesto al Valor Agregado, y de diversos regímenes de promoción fiscal y aduaneros.
Según determinó la investigación, se utilizaba como ardid cadenas de comercialización de diversos productos y maquinarias de distintos sectores de la actividad económica (maderas, electrónicas, metalúrgicas, fundición, minería y textil), todo ello realizado entre las diferentes sociedades, unas sesenta, que componían el denominado grupo Koner-Salgado, las cuales actuaban como cedentes de los créditos fiscales irregulares a diversos cesionarios de plaza, estimados en no menos de 100.
Al parecer las operaciones en principio no habrían existido o en muchos casos, los montos eran sobrevaluados y la creación de dichos créditos habrían producido como resultado un desapoderamiento al fisco en favor de las distintas empresas del grupo.
Esos créditos, en la mayoría de los casos, eran transferidos a diversos cesionarios o dedicados a la compra de conocidas empresas de plaza, con lo cual se habría logrado el ingreso de masas dinerarias, acciones societarias y otros bienes al grupo económico.
Asimismo, en la compleja causa, se investigó el apoderamiento en forma ardidosa, siempre dentro del mecanismo de los créditos fiscales, de empresas de real actividad económica, pero con graves crisis financiera habiendo sido en principio, uno de los medios principales para el logro de la creación de créditos fiscales.
Además, fue materia de la instrucción el supuesto actuar mancomunado de los integrantes del grupo conformando “prima facie” una asociación ilícita destinada al logro de manera indeterminada de diversas maniobras de creación de créditos fiscales y de apoderamiento de empresas, durante los años 1982 y 1988.
Para la justicia federal el empresario Héctor Salgado -que ya estuvo encarcelado por unos 7 años en este expediente y actualmente declarado rebelde- se habría desempeñado como jefe y organizador de la misma y junto a otros imputados habrían conformado la infraestructura empresarial y profesional en lo impositivo, jurídico y contable del grupo de sociedades investigado.
En la causa se encuentran también acusadas por el Ministerio Público y los querellantes, por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública en forma reiterada, en concurso real con asociación ilícita, Genesio Nari, Carlos Sánchez Galarce, Hugo Romero, Claudio Romero, Jorge Miguel, Rubén Serra, Daniel Castro, Juan Bettín, Oscar Vicent, Héctor Amoresano, Adolfo Abud y Jorge Bacaloni.
Desde la fiscalía informaron que una vez que las defensas contesten las acusaciones y luego de algunos trámites procesales menores, el actual magistrado del expediente, Jorge Ballestero, podría estar en condiciones de dictar sentencia luego de 16 años de investigaciones, en donde según las fuentes, abundaron las maniobras dilatorias por parte de los procesados.