Vale recordar que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó a principios de este mes (en la sesión del 4 de noviembre) un pedido de juicio político contra seis de los nueve integrantes del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, entre ellos los tres representantes abogados, por presunto mal desempeño en sus funciones. Los consejeros involucrados son María Magdalena Iráizoz, Diego May Zubiría, María Celia Marsilli, Bettina Castorino, Juan De Stéfano y Carlos Rosenfeld. Cada caso se voto individualmente, ya que los pedidos se presentaron por separado.
En diálogo con este medio, el diputado Marcelo Godoy, presidente de la Comisión investigadora, manifestó que durante el mes de diciembre, la Comisión deberá reunirse para “definir los hechos que se van a investigar”. Sin embargo, el legislador del macrismo admitió que recién habrá un dictamen a mediados del mes de abril. Luego de producirse el mismo, la sala Acusadora tendrá diez días hábiles para expedirse al respecto. Godoy dijo además que “el reglamento aprobado observa el debido proceso y la garantía de la defensa en juicio”.
Mientras tanto, la diputada porteña Vilma Ripoll denunció una serie de presiones políticas a algunos sectores que integran la Legislatura para dilatar el proceso de Juicio Político. "Hay un conflicto en toda la Justicia de la Ciudad, porque no aguantan las condiciones laborales que ha generado el Consejo de la Magistratura, por eso es indispensable que se actúe con rapidez", disparó Ripoll. La legisladora porteña sostuvo, además, que "hay quienes quieren que nos expidamos en junio del año que viene, siendo que lo más conveniente sería que -de ser comprobable- se admita la acusación lo antes posible, así se los puede suspender y nombrar a otras personas.”
En tanto, el Colegio Público de Abogados cuestionó que “la Legislatura aprobó el pedido de juicio político sin contar con el pertinente despacho de comisión, elemento que otorga a cualquier resolución la indispensable mesura y profundidad de análisis”. Según las autoridades del Colegio, la decisión de someter a los consejeros al juicio político es “sorpresiva” y “grave” y además “no ha dado fundamentación suficiente ni para excluir al estamento de los jueces ni para incluir a los abogados y legisladores integrantes del Consejo de la Magistratura”.
Además expresó su “profunda preocupación” pues la decisión de la Legislatura de la Ciudad “pone en riesgo la credibilidad del Consejo de la Magistratura, institución constitucional que, dada su integración, constituye una garantía de equilibrio en materia de administración de la justicia”.