Aunque el ex juez federal Adolfo Bagnasco habría hallado en Suiza y Luxemburgo cuentas bancarias con parte de los 21 millones de dólares que se habrían pagado en coimas, ninguno de los acusados será enjuiciado en principio, por cohecho. El juez federal Guillermo Montenegro, que asumió en forma reciente el cargo que Bagnasco dejó vacante hace tres años, elevó la causa a juicio sin incluir la imputación de ese delito.
Aldaco confesó en una audiencia judicial que giró a Suiza la comisión que, junto a otros directivos del Nación, recibió en 1994 a cambio de adjudicar a IBM Argentina un contrato por más de 250 millones de dólares destinado a implementar el "proyecto Centenario", que consistía en la informatización de las 524 sucursales del banco. Los fiscales Carlos Cearras y Pablo Recchini habían formulado además acusaciones por cohecho y asociación ilícita.
No obstante ello, el Tribunal Oral que ventile el año próximo el caso dará su propia calificación a la conducta de los acusados. El ahora ex presidente de IBM Argentina, Ricardo Martorana, pasó dos meses preso acusado de cohecho, mientras su ex segundo en la compañía, Gustavo Soriani, permaneció prófugo hasta que la Cámara Federal porteña revocó la orden de captura que pesaba en su contra.
En el proceso oral serán enjuiciados también Juan Carlos Cattáneo, ex titular de la empresa Consad y ex asesor de Alberto Kohan en la Secretaría General de la Presidencia, durante parte del gobierno del ex presidente Carlos Menem. Consad, junto a la firma CCR, fue subcontratada por IBM para la provisión de un sistema informático alternativo pero para la Justicia esas operaciones, en realidad, tuvieron la finalidad de canalizar las supuestas coimas de las que habrían llegado a pagarse 21 millones.
Montenegro destacó que IBM abonó a CCR 21 millones de dólares "aunque ninguna actividad por parte de esta empresa ha podido ser acreditada. La hipótesis delictual que se investiga es, entonces, que ha sido a través de esta contratación que se habríِa encubierto la entrega de una suma de dinero a funcionarios públicos con el objeto de beneficiar a la multinacional informática en el proceso licitatorio".