El Procurador General de la Nación, Esteban Righi aceptó la renuncia presentada por Holdano Gregorio Rodríguez, al cargo de Fiscal titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón. La misma fue presentada para acogerse al beneficio jubilatorio y tendrá efectos a partir del primero de enero de 2005.
Caso Kheyvis: juicio a integrantes de la SCBA
Carlos Piñero, abogado del la causa que se sigue en los tribunales de San Isidro por las 17 muertes en el incendio de la discoteca Kheyvis, denunció a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense “por retardo y denegación de justicia”. Piñero solicitó el juicio político para los integrantes del máximo tribunal bonaerense, a quienes acusó de no resolver la situación de tres personas que ya fueron condenadas por su responsabilidad en el incendio, y que apelaron las sentencias. En su presentación, Piñero apuntó también al fiscal de Cámara de San Isidro, Julio Novo, como responsable de la falta de justicia en el caso Kheyvis. Expresó que insistirá para que se investigue a Novo por un episodio en el que mató a dos supuestos ladrones que ingresaron a robar a su casa de la zona norte bonaerense. El 15 de este mes, Piñero ya había presentado un escrito en el que emplazaba a la Corte provincial a resolver e indicaba que caso contrario recurriría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El abogado había emplazado al máximo Tribunal provincial para que se resuelva la situación de la empleada municipal Ofelia Molina, la arquitecta Sandra Francisca Ponce de León y Osvaldo Francisco de Jesús. Estas tres personas fueron condenadas por la justicia en la causa que se instruyó por incendio seguido de muerte y lesiones gravísimas. Por la tragedia de Kheyvis se iniciaron tres causas judiciales que aún no encuentran su resolución final.
Absolución
En un curioso fallo el Tribunal Constitucional de España dejó sin efecto una condena contra un hombre que conducía alcoholizado, al afirmar que no existían pruebas de que la ingesta de alcohol hubiera afectado sus facultades para manejar. La medida la dispuso la Sala Segunda del Tribunal cuando revocó el pronunciamiento dictado por la Audiencia Provincial de La Coruña. En un primero momento el Juzgado Nº 2 lo absolvió, pero dado que el pronunciamiento fue apelado por la fiscalía, la Audiencia modificó aquél y lo condenó por manejar bajo el efecto de bebidas alcohólicas.
Cuando el caso arribó al Tribunal Constitucional, se anuló la segunda sentencia por considerar que vulneró los derechos fundamentales del conductor, ya que se afirmó que se le impuso una condena sin realizar una nueva valoración de los medios de prueba que existían contra él.
El fallo revocó la sentencia condenatorio en razón de que si bien el acusado conducía su vehículo con una tasa de alcohol superior a la legalmente permitida (0,75 miligramos en aire y 1,5 en sangre), estos valores no se tradujeron en la comisión de un delito, ya que la conducta sancionada es la de circular "con merma de las facultades necesarias para tal actividad".
Para el alto cuerpo de justicia la revocación de una sentencia penal absolutoria "requiere inexorablemente que la nueva valoración de los medios de prueba se efectúe con examen directo y personal de los acusados y testigos, y un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción".