La entidad declara que “es necesario distinguir entre situaciones de índole particular y la actuación institucional de un Poder Judicial”. Además agrega que “los Poderes Judiciales, como instituciones esenciales de un sistema democrático, constituyen la garantía de vigencia del Estado de Derecho”.
En otro de los cuatro puntos que conforman la declaración, la Junta considera que “la descalificación de un Poder Judicial provincial atenta contra los principios del federalismo establecidos en la Constitución Nacional” y del mismo modo destaca “la independencia, imparcialidad y probidad del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, como máxima instancia del Poder Judicial de dicha provincia”.
La JUFEJUS es una entidad federal que nuclea a las Cortes Supremas y Superiores Tribunales de Justicia de todas las provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al estar conformada por las cabezas de los Poderes Judiciales de cada distrito representa el 80% del sistema de justicia de la República Argentina.
La polémica se generó a raíz de una denuncia penal del juez Ricardo Jorge Klass contra Guillermo Worman, miembro de la Asociación Civil Participación Ciudadana, una ONG local que viene cuestionando el Poder Judicial de la provincia. El magistrado lo acusó de cancelar un viaje en avión que el juez debía realizar desde Buenos Aires hacia su provincia. Según le informaron al juez en Aeroparque, la cancelación había sido hecha desde una línea telefónica perteneciente a Participación Ciudadana. Según contó Worman, él ya había reclamado a la empresa telefónica porque tenía sospechas de que tenía un teléfono con el número duplicado. Ese reclamo a la compañía telefónica fue incorporado al expediente.
A raíz de la denuncia, el juez de instrucción Javier de Gamas Soler realizó una serie de medidas de prueba que fueron muy cuestionadas por un grupo de ONGs. Las organizaciones presentaron ante el Consejo de la Magistratura fueguino una denuncia contra el juez Javier de Gamas Soler por mal desempeño, a raíz de los allanamientos que ordenó al domicilio de Worman, al de su hija y a dos ex sedes de esta organización. Vale recordar que la ONG fueguina había denunciado anteriormente al juez del TSJ de la provincia por irregularidades administrativas y su vinculación política con el anterior gobernador provincial, Carlos Manfredotti.