Unos treinta fiscales federales y secretarios del norte del país se reunieron esta semana en Tucumán en el marco del la primera reunión de 2005 de fiscales y secretarios del NOA. Del encuentro participaron fiscales generales de la Cámaras de Apelaciones, de los Tribunales Orales Federales y de los juzgados de primera instancia de las provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta. No hubo asistencia perfecta, pero de todos modos uno de los participantes destacó, en diálogo con este medio, la importancia del encuentro.
Según esa misma fuente, la reunión estuvo centrada en la “cuestionada” y “polémica” reforma al artículo 67 del Código Penal, aunque también se trataron aspectos referidos a la capacitación de los funcionarios y al área de investigación.
Las conclusiones del encuentro serán entregadas la semana próxima al Procurador General, Esteban Righi.
Respecto de la ley 25.990, que determina cuáles son los actos que interrumpen la prescripción de la acción, los fiscales y secretarios hicieron un “análisis técnico” – no político - y discutieron en qué casos podría llegar a aplicarse, cómo se interpreta cada palabra luego de las modificaciones aprobadas y cómo se aplicará la ley en las provincias del norte. Los fiscales están preocupados, por ejemplo, en las causas relacionadas al tráfico de drogas y en la incidencia que tiene la ley respecto de ese tipo de delitos.
Aunque el informe que le llegará a Righi está en plena elaboración, un participante del encuentro le adelantó a este medio que una de las preocupaciones centrales de los fiscales es que “se puedan caer causas que ya tienen sentencia”. Desde que se conoció la sanción de la ley y su promulgación por parte del Gobierno -que este medio había adelantado el 11 de enero pasado- se multiplicaron los cuestionamientos a la norma por la eventual prescripción de causas vinculadas a hechos de corrupción. Sin embargo, hasta el momento nadie había mencionado una consecuencia de este tenor.
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