22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Defensores del Mercosur

Defensores oficiales de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay aseguraron que los estados deben garantizar el acceso a la Justicia de todas las personas, proteger los derechos de los niños, impedir el tratamiento cruel a los presos y amparar a los consumidores frente a un mercado de bienes y servicios mundializado.

 
Fue en el marco del I Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), realizado en Punta del Este, donde rubricaron un documento que ratifica la obligación de los estados de administrar Justicia y asistir a la población "jurídicamente necesitada".

Ahora la Asociación presentará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) "la problemática del acceso a la Justicia y la asistencia jurídica integral y gratuita". El documento firmado por los defensores oficiales abarca una serie de temas pero se refiere, principalmente, a la problemática de los menores, las personas sin recursos para contratar abogados, el maltrato y hacinamiento carcelario, la violencia familiar y los abusos al consumidor.

"La integración de los países de América debe tener como centro la protección y promoción de la dignidad de las personas", refiere el documento. Destaca, además, que "corresponde al Poder Público el deber inalienable de prestar asistencia jurídica integral y gratuita a los jurídicamente necesitados, por medio de la Defensoría Pública dotada de autonomía".

Los asistentes al Congreso manifestaron que "la protección de los derechos de la niñez es prioritaria en la actuación de la Defensoría Pública", al punto que señalaron que el drama de la violencia intrafamiliar "es muy similar" en los cuatro países representados en Punta del Este.

Sobre la situación de los presos, manifestaron que el defensor público "debe acompañar todo el proceso de ejecución penal, resultando intolerable cualquier forma de tratamiento cruel o inhumano, inclusive los casos de superpoblación carcelaria"."El Estado puede ser responsabilizado (ante los tribunales) por no respetar los derechos de los detenidos, sobretodo en casos de violencia corporal y muerte, correspondiendo al Defensor Público promover las medidas judiciales", indica el documento.

Y agrega, respecto de los abusos de comercios y empresas, que es "fundamental la adecuada defensa de los consumidores, especialmente frente a un mercado de bienes y servicios mundializado".

dju / dju
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