La diputada justicialista pidió al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto el Plan Federal Casas de Justicia, porque constituye “una palmaria violación a las autonomías provinciales”. A esos efectos, la legisladora salteña presentó un proyecto de declaración ante la Cámara de Diputados en el que sostiene además que el programa oficial lanzado con el objetivo de cubrir “las demandas judiciales insatisfechas” es violatorio de la Constitución Nacional.
La consejera recordó que el artículo 5 de la Carta Magna señala que “cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano... que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y su educación primaria. Bajo estas condiciones el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”, y subrayó que el plan de Casas de Justicia viola los artículos 121 y 122 de la Constitución, “por cuanto el Ministerio de Justicia se arroga facultades no delegadas por las provincias e interfiere en las instituciones locales”.
La diputada peronista destacó que “la democracia y sus instituciones no pueden prosperar”, sí el que desconoce las facultades constitucionales es precisamente “un órgano del propio gobierno federal, que está obligado por mandato constitucional a garantizar a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.
Asimismo, manifestó que el plan motorizado por el ministro Horacio Rosatti “evidencia además la intención del Ministerio de Justicia de tercerizar o privatizar por medio de estas Casas de Justicia, los servicios judiciales, cuya prestación corresponde exclusivamente a las provincias”. Ese puede ser el motivo –advirtió- por el que el Ministerio de Justicia convoca a organizaciones civiles para adjudicarles la administración y el gerenciamiento de las Casas de Justicia, por medio de un proceso de oferta pública.
Por último, manifestó que “el acceso a la justicia es verdaderamente un derecho fundamental y esencial en toda sociedad democrática” y por eso “no son los particulares o las sociedades civiles quienes deben asegurar la justicia de todos los habitantes, sino los Estados Provinciales por medio de sus instituciones en cumplimiento del mandato de la Constitución Nacional”.
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