En la sentencia la Corte también le ordena al estado reconocer de manera pública su responsabilidad en los asesinatos y construir un monumento en memoria de las víctimas.
La causa fue promovida por una ONG colombiana, la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CCAJAR), desde donde informaron que por tratarse de un hecho donde se cometieron crímenes de lesa humanidad sus responsables no pueden ser ni amnistiados ni indultados.
El hecho por el que el Estado colombiano fue condenado ocurrió en julio de 1997 en Mapiripan, a 200 km. al sureste de Bogotá. Durante seis días un grupo de 300 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá tuvieron bajo su dominio a los habitantes de ese caserio donde asesinaron a 49 campesinos.