“Independientemente de cuál haya sido la dinámica de los acontecimientos, el Estado es directamente responsable por la vida de las personas que se encuentran a su cuidado, por lo que la responsabilidad debe rastrearse en la incapacidad de las autoridades provinciales por implementar políticas que garanticen los derechos de todos los habitantes” opinó el CELS, una ONG fundada en 1979 que trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático y el Estado de Derecho en Argentina.
El CELS fundamentó su dichos en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1995 donde afirmó que “la seguridad como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también […] los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario”.
En otro fallo, del 3 de mayo de este año, el máximo tribunal hizo lugar a una acción de hábeas corpus correctivo colectivo presentada por el CELS y le ordenó a “los poderes ejecutivo y legislativo de la provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y su legislación de ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales e internacionales”.
Para el CELS la responsabilidad de los 32 muertos en el penal de Magdalena y de las inhumanas condiciones de detención de todos los presos en cárceles bonaerenses no es “exclusivamente del Poder Ejecutivo provincial”. “La legislatura provincial es responsable por haber endurecido intensamente la regulación procesal en materia excarcelatoria” que “no sólo provocó un aumento considerable de la población carcelaria, sino que también impactó en la cantidad de personas detenidas sin condena, que constituyen la mayor parte de los detenidos en establecimientos y comisarías provinciales”.
La ONG destacó “la responsabilidad que los jueces tienen sobre las condiciones de detención de los imputados que se encuentran a su disposición. Además, es competencia del Poder Judicial ejercer el control de constitucionalidad de las políticas públicas en materia criminal y penitenciaria”.
Este martes se conoció la decisión del gobernador de la provincia, Felipe Solá, de intervenir el penal de Magdalena. El encargado de la intervención será Fernando Tundidor, actual director de Investigaciones del Ministerio de Justicia de la provincia.
El de Magdalena es la unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense con mayor cantidad de muertes violentas registradas en 2004: murieron 11 internos, 10 de manera violenta. Y otras dos personas fallecieron en enero y febrero de 2005 a los que ahora se suman los 32 presos que murieron el sábado.
Además de esos datos, en su comunicado el CELS reprodujo la escalofriante cantidad de internos que murieron desde el 2003 en cárceles bonaerenses y que año a año va en aumento.
Según datos del Ministerio de Justicia de la provincia, 139 personas murieron en unidades dependientes del SPB durante 2003. Esa cifra aumentó a 169 en 2004 y creció dramáticamente durante los primeros dos meses de 2005, llegando a ser 49 los fallecidos en ese lapso, a razón de 6 por semana.
“De persistir el ritmo marcado en los primeros 59 días de 2005, puede estimarse que serán 303 los internos fallecidos durante el corriente año, lo que implicaría un aumento de casi 80% sobre los ya alarmantes registros de 2004” proyecto el CELS.