En su último acuerdo, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco expuso la gravedad de la situación en que se encuentra la Alcaidía de Resistencia, señalando que las condiciones de alojamiento y el trato de los detenidos son violatorias de las normas constitucionales y legales referidas a la privación de la libertad.
Los ministros sostuvieron que las condiciones de funcionamiento de la Alcaidía "han llegado a intolerables límites, configurando una situación de delicada gravedad institucional" y destacaron que la estructura edilicia y la dotación policial de ese establecimiento se ajustarían a una población de 160 encausados, aunque en la actualidad aloja a 458 personas.
De ese total, 268 son procesados y 190 condenados, entre los cuales figuran los que recibieron sentencia de los tribunales provinciales y los que son detenidos e investigados por la jurisdicción federal. Peor aún, entre las personas detenidas en la Alcaidía hay 156 menores de 21 años "procesados" y 57 menores "condenados", que no son alojados en pabellones separados de los mayores.
Por todo lo expuesto, el máximo órgano del Poder Judicial resolvió dirigirse al gobierno provincial, y le exigió la inmediata adopción de medidas que hagan cesar ese estado de cosas, entre las que menciona la ejecución de las inversiones necesarias para la construcción de nuevas dependencias y el incremento del personal que debe cumplir funciones en las instalaciones carcelarias.
Además, los jueces pidieron que cesen las derivaciones a las dependencias locales de personas procesadas o condenadas por la Justicia Federal, y que continúe la recepción, sin restricciones, en las cárceles nacionales de aquellas que recibieron sentencia condenatoria de parte de la Justicia provincial.
En los fundamentos del acuerdo se transcriben varios puntos del informe que remitió el Juzgado de Garantías que intervino en el hábeas corpus presentado por familiares de detenidos. Entre ellos se remarcó que se trata de un tema de política carcelaria y que "si no se toman las medidas apropiadas, es muy proclive a reeditar la situación conflictiva de pública y notoria trascendencia".
Previamente, los ministros del Superior Tribunal habían realizado
una inspección especial en la Alcaidía para tomar contacto directo con el estado de las personas allí alojadas.
Fuentes del Tribunal Superior le dijeron a este medio que los ministros van a convocar, en los próximos días, a todos los jueces del fuero penal, y que promoverán contactos con miembros de otros poderes del Estado para debatir sobre la gravedad de la situación.
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