El gobernador bonaerense, Felipe Solá, enviará a la Legislatura el 9 de diciembre próximo tres proyectos de ley que de ser aprobados, autorizan a la Dirección Provincial de Rentas
a abrir cajas de seguridad y trabar embargo a deudores impositivos sin orden judicial, además de secuestrar automóviles de más de $ 25.000 que registren deudas con el Fisco.
El paquete de iniciativas incluye modificaciones al Código Fiscal -al que se le alterarán 53 artículos- y otras normas tributarias con el fin de ampliar las atribuciones de Rentas bonaerense.
Si se aprueban estos tres proyectos, se habilitaría a ese organismo a intervenir y abrir directamente, sin orden judicial, las cajas de seguridad bancarias y a decretar embargos de bienes, fondos y activos financieros de deudores del fisco provincial. Un intento similar, a medidos de este año, ya había desatado la polémica dentro del ámbito judicial bonaerense. De hecho, varios jueces rechazaron la demandas presentas por Rentas.
Entre las facultades que se pretende otorgar al organismo, figura la posibilidad de
secuestrar automóviles -de gran valor- que tengan deudas superiores al 20% de su valuación fiscal, y pedir que sólo se otorgue la Verificación Técnica Vehicular (VTV) cuando el automovilista no registre deudas impositivas.
En otro de los proyectos se pide además
la creación de un grupo de policías fiscales, para custodiar la tarea de los inspectores en los distintos operativos antievasión, y se reclama la creación de juzgados tributarios.
Según estimaciones del subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, los nuevos juzgados tributarios permitirían acelerar los procesos judiciales y recaudar entre 500 y 1.000 millones más cada año de aquí a 2007.
En los proyectos se pide la posibilidad de trabar medidas cautelares en sede administrativa antes del inicio del apremio y exigir garantías para el otorgamiento de planes de regularización, como puede ser una fianza, seguro de caución o hipoteca.
Para las empresa deudoras se prevé un seguimiento pormenorizado a partir de la instrumentación de un régimen de "intervención fiscal permanente", que implicará el
acceso directo de los recaudadores a sus sistemas informáticos. Además, se podrán retener pagos dirigidos a firmas deudoras del fisco.
El paquete de Solá también incluye
importantes cambios en el sistema de Catastro provincial. Para ello, se inaugurará una nueva metodología de cálculo para fijar el valor fiscal de los inmuebles de la provincia e incorporar la valuación sobre base presunta ante la falta de declaración.
dju / dju
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