En una plenario extraordinario, que terminó a última hora del viernes pasado, los ochos consejeros, incluidos los tres jueces, (todavía falta resolver quién asumirá en reemplazo de Marsilli como tercer representante de los abogados) aprobaron la acusación e iniciaron formalmente el proceso de juicio político. A su vez designaron al presidente del organismo, Carlos Rosenfeld, y al presidente de la Comisión de Acusación y Disciplina, Ricado Félix Baldomar, para sostener la acusación.
Los dos consejeros elegidos tienen cinco días para presentar la acusación formal, pero, según pudo saber este medio, la presentación se realizará este martes ante el Jurado de Enjuiciamiento.
El Consejo tenía un plazo de sesenta días, que vencía el domingo pasado, para formular la acusación, por ello los consejeros decidieron llamar el jueves a un plenario extraordinario, que comenzó el viernes por la tarde y terminó a última hora de ese día, y terminar esta etapa del proceso.
Ahora deberá comenzar a trabajar por primera vez el Jurado de Enjuiciamiento. Los nueve integrantes sorteados (Ana María Conde, integrante a su vez del Superior Tribunal, Horacio Corti y Eduardo Russo, por el lado de los jueces; los legisladores Miguel Talento, Laura Morresi y Jorge Enríquez; y Nelly Minyersky, José Consolé y José Licinio Scelzi en representación de los abogados) tienen un plazo de 90 días para terminar el proceso, aunque el artículo 123 de la Constitución porteña no especifica si se trata de días hábiles o corridos.
Gallardo, que tuvo duros enfrentamientos con Aníbal Ibarra a raíz de varias sentencias, había recusado a seis de los integrantes del actual Consejo pero ese amparo no prosperó en el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, el propio Gallardo le dijo a este medio hace algunos días (ver reportaje) que aún le quedaba la vía del recurso extraordinario.
En el Consejo, no obstante, creen que esta herramienta judicial no prosperará y que el magistrado deberá responder directamente por los cargos ante el Jurado de Enjuiciamiento. Y descartan que haya una “persecución política” contra el magistrado y contra otros jueces de ese fuero. “Hemos rechazado denuncias contra otros jueces” de Contencioso, destacan, al tiempo que subrayan que “los tres jueces (del Consejo) aprobaron el juicio político” contra Gallardo.
Con respecto a los cargos que enfrenta Gallardo, desde el Consejo aclararon que “es un expediente que incluye varios casos” y que hay una congruencia de factores para recomendar su destitución. El magistrado suma varias denuncias en contra dentro del Consejo. Una de ellas es por la causa “Juarez, Sara Etel c/GCBA s/amparo”. Allí el juez, que subrogaba en ese momento el Juzgado Nº 9, ordenó una serie de medidas para impedir cualquier modificación a un predio ubicado en la zona de Villa Lugano en el que el Instituto de la Vivienda de la ciudad preveía iniciar una serie de obras.
El Consejo también quiere investigar al abogado que intervino en dicho amparo, Pablo Alejandro Pierini, y que, según la resolución aprobada el viernes, habría presentado al menos 25 causas iguales en distintos juzgados, solicitando en cada una de ellas una suspensión de las obras. El organismo va a pedir informes al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal, según pudo saber este medio.