El cuerpo encargado de seleccionar a los candidatos a jueces e investigar las denuncias contra los magistrados provinciales estará integrado por un miembro del Tribunal Superior de Justicia, cuatro representantes de la Legislatura y dos abogados de la matrícula: de siete miembros, cuatro son políticos. Esta conformación surge del proyecto de mayoría aprobado en la Comisión de Reforma Política, Poder Judicial y Órganos de Control por los convencionales de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Movimiento Popular Neuquino (MPN), del gobernador Jorge Sobisch.
Diversas organizaciones judiciales de la provincia mostraron su rechazo a esta integración. Para el vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Neuquén, Miguel Valero, “habrá predominio del sector político en la composición del Consejo y puede estar compuesto por la corporación de abogados”. Esta última referencia es porque la Legislatura puede designar representantes externos al cuerpo y eventualmente podrían ser abogados.
También Valero criticó la iniciativa por “la periodicidad de la renovación del Consejo hace muy probable que vaya a estar en consonancia con las futuras modificaciones de la Legislatura y por lo tanto vaya a haber un predominio del oficialismo”.
Por su parte la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), entidad que nuclea a todas las asociaciones de jueces de las provincias, le había solicitado al presidente de la Convención, y también gobernador de la provincia, Jorge Sobisch, que “ante la oportunidad histórica que tiene Neuquén” y “por el bien común y la fortaleza del sistema republicano de gobierno” evite conformar el Consejo con predominio político.
Pero el reclamo no fue escuchado ya que el proyecto se aprobó con los votos de los legisladores del MPN, del gobernador, y de la UCR. Quienes rechazaron la iniciativa, y votaron por otro proyecto, fueron los convencionales de Interbloque, del Frente para la Victoria, de Patria Libre, de Unión de los Neuquinos y del ARI.
La propuesta que apoyaban estos partidos era un Consejo no integrado por políticos y con una amplia participación de consejeros no políticos y no abogados que surjan de elección popular, un sistema que existe en Entre Ríos, Santa Cruz y Chubut.
El proyecto aprobado establece que las funciones del Consejo serán: “seleccionar mediante la realización de concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, según el orden de merito que elabora, a los candidatos a jueces, y funcionarios del Ministerio Público”, “organizar la capacitación y actualización obligatoria y permanente de los magistrados, miembros del Ministerio Público y funcionarios judiciales y proveer en forma anual la oferta académica” y “evaluar la idoneidad y el desempeño de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial”.
Sobre este último punto se fija que en caso de encontrar mal desempeño por parte del magistrado se necesitaran los votos de “cinco de sus miembros” para “elevar sus conclusiones al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento a sus efectos” para una eventual destitución.
Para llegar a esos cinco votos se necesitara si o si la aprobación por parte de la mayoría política del Consejo, que tiene cuatro miembros, ya que los otros estamentos tienen sólo tres.
Una situación similar tendría el Consejo de la Magistratura nacional si el kirchnerismo logra aprobar en la Cámara de Diputados una integración del cuerpo donde el oficialismo tendría el número de miembros suficientes para que sin su voluntad no se acuse a jueces o se seleccione candidatos a magistrados.
El mandato de los consejeros neuquinos durará cuatro años, no podrán ser reelectos de manera consecutiva y su mandato en el cuerpo vence si se modifica la condición en la que llego, por ejemplo que el legislador deje ese cargo. Si bien la inclusión del Consejo en la Constitución provincial es un hecho y sus lineamientos básicos están fijados, todavía resta que, sancionada la Carta Magna, la legislatura apruebe la ley que detalle su reglamentación.