04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Suspenden remates en Entre Ríos

El Senado entrerriano aprobó un proyecto de ley que impide ejecuciones hipotecarias de vivienda única, cuyo valor sea inferior a $100.000, por el término de 180 días. Beneficiaría a casi 20 mil personas. El Gobierno provincial debe promulgar la norma.

 
El Senado de Entre Ríos convirtió esta semana en ley un proyecto que impide por 180 días los remates de viviendas únicas cuyos propietarios son deudores de créditos hipotecarios. La iniciativa, que aún debe ser promulgada por el gobierno provincial, beneficiará a casi 20.000 entrerrianos que se encuentran en esa situación.

Al igual que la ley que votó el Congreso Nacional el pasado 8 de marzo, la suspensión comprende a los remates de vivienda única siempre y cuando tengan un valor fiscal inferior a 100 mil pesos.

La Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Asuserfi), que representa a los deudores hipotecarios de esa provincia, había solicitado que el proyecto fuera más amplio y que proteja no sólo los remates de inmuebles de morosos por créditos hipotecarios sino también los de todo tipo de deudas.

Ana María González, dirigente local de Asuserfi, explicó que el propósito de la entidad era que también se prohíba el remate de las viviendas de las personas que, por ejemplo, tomaron créditos por la compra de electrodomésticos, por el uso de una tarjeta de crédito o porque tuvieron recurrir a un prestamista. “La ley debería contemplar todas las deudas y no únicamente la de los préstamos hipotecarios, porque hay gente que se compra una heladera y también le rematan la casa”, sostuvo González tras la sanción del proyecto.

Hace diez días, el Congreso Nacional aprobó -en tiempo record- una prórroga por 90 días para las ejecuciones hipotecarias contra propietarios de vivienda única de hasta $100.000. Aunque esa norma no soluciona el problema de fondo de los deudores que tomaron créditos privados durante la convertibilidad, el Poder Legislativo se abocará de acá a junio, cuando vence el plazo, a dar una respuesta definitiva.

La iniciativa también contemplaba abrir una instancia de conciliación entre el deudor y el acreedor para que el primero haga una oferta de pago. Pero ese punto fue retirado del proyecto por decisión de todos los bloques parlamentarios.

dju / dju
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