García, que presentó la renuncia a su cargo, está acusada de formar parte de una estructura que transfirió los bienes de tres detenidos desaparecidos al dictador Emilio Massera y otros represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar. La juez habría actuado como síndico en una empresa financiera que transfirió las tierras ubicadas en la localidad mendocina de Chacras de Coria que pertenecían a Victorio Cerruti, Horacio Palma y Conrado Gómez, secuestrados en la ESMA.
La acusación contra García formó parte del orden del día del último plenario del Consejo, el 27 de abril. Pero a raíz de la renuncia presentada por García, el consejero en representación del Poder Ejecutivo, Joaquín Da Rocha, pidió postergar, hasta el próximo plenario, el debate de la acusación a la espera de si el presidente Néstor Kirchner le aceptaba la dimisión a la juez, algo que hasta hoy no ocurrió.
Si el juicio político prospera y García es destituida perderá sus fueros y así el juez federal Sergio Torres podría citarla en el marco de la investigación que lleva adelante sobre el desapoderamiento de bienes.
Por su parte, el camarista civil Carlos Degiorgis está acusado de cometer irregularidades en la revisión de un fallo de primera instancia de una millonaria sucesión de 46 millones de pesos. Una de las partes de la sucesión denunció que Degiorgis cobró una supuesta coima de 1 millón de pesos para modificar la sentencia.
El instructor de la denuncia, el consejero Beinusz Szmukler, le dijo a Diariojudicial.com que se acusa a Degiorgis “de haber modificado la sentencia de primera instancia para beneficiar a uno de los herederos en detrimento de los otros y esa sentencia fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, está probado en la causa una relación entre Degiorgis con un martillero (Enrique Lanusse Naón) que habría sido el intermediario entre el juez y los beneficiarios de la resolución donde hay una imputación de que se le habría pagado un millón de pesos. Pero no estamos acusando por el delito, que no esta probado, sino porque es evidente que cualquiera haya sido el motivo que llevo a Degiorgis a fallar como falló era violando la ley y en beneficio de una de las partes”.
La revocatoria que dictó Degiorgis, fue el juez preopinante de la causa, fue acompañada por el voto de sus entonces colegas de sala Julio Moreno Hueyo y Teresa Manuela Estevez Brasa pero no se pide el juicio político de ellos porque ya no son jueces; Moreno Hueyo renunció el 1 de noviembre de 2005 y Estévez Brasa el 31 de marzo de 2004.
Los pedidos de juicio político fueron investigados y solicitados por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación. Para que prosperen deben ser ratificados por el plenario del cuerpo. Si eso ocurre García y Degiorgis quedarán automáticamente suspendidos en sus cargos por 180 días, plazo que tiene el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para llevar a cabo el juicio político.
La Comisión de Acusación nombró a los consejeros Carlos Kunkel y Federico Storani para actuar como fiscales en el juicio contra García, y a Beinusz Szmukler y Diana Conti en el jury contra Degiorgis.