Si bien Martínez es defensora general desde el 19 de mayo del 2005 cuando renunció Romero, recién el 3 de febrero de este año el presidente Néstor Kirchner la propuso como titular del cargo. A partir de ahí comenzaron a ponerse en funcionamiento los mecanismos del Decreto 588: apertura de adhesiones e impugnaciones en el Ministerio de Justicia, remisión del pliego al Senado proponiéndola como candidata y la audiencia pública en la Cámara Baja.
La audiencia pública comenzó pasadas las 11 (el horario previsto) en el Salón Azul, que estaba repletó. Martínez ingresó al Salón junto a los senadores Marcelo Guinle, Cesar Gioja y Rubén Marín, y respondió preguntas sobre la prisión preventiva, la mediación, declaraciones juradas, el pago de impuesto a las ganancias y el presupuesto y los recursos de la Defensoría General.
Sin nombrarlo, Martínez comenzó criticando a Romero. Dijo que durante esa gestión “no había diálogo, vivíamos enfrentados” y agregó que cuando se hizo cargo de la Defensoría encontró “problemas graves”, entre los que mencionó las auditorías y los legajos del personal. Dijo que los magistrados deben pagar impuesto a las ganancias pero respetando la intangibilidad de los sueldos. “Intangibilidad va de la mano de independencia”, afirmó. Además calificó como “fantástica” a la mediación penal.
La defensora general sustituta también pidió crear defensorías en la ciudad de Buenos Aires. “Se está recurriendo a defensores ad hoc” que no cobran, dijo Martínez. Consultada sobre la posibilidad de una defensa mixta entre abogados públicos y privados, Martínez dijo que “un sistema mixto en nuestro país no tiene sentido”. “Argentina tiene un modelo ejemplar de defensa. Lo correcto es reforzarlo”, completó.
Martínez también dio su opinión sobre estos temas.
Prisión preventiva: “La posición de la Defensoría debe ser de absoluto repudio del abuso de la prisión preventiva. La convierte en una condena anticipada. Es el colapso del sistema carcelario”.
Acceso a la Justicia: “El Ministerio Público de la Defensa debe contribuir a que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia. Sería imposible que nosotros (los defensores) absorbiéramos todos los reclamos. Deberíamos tener una mayor cantidad de defensores”.
Declaraciones juradas: “Las declaraciones juradas de los defensores y fiscales deben ser públicas. Es una carga que deviene por ser funcionarios públicos”.
Presupuesto del Ministerio Público de la Defensa: “Preguntarle a una persona que tiene que gestionar cuestiones humanas si está de acuerdo con el presupuesto, la respuesta es no”.
Sobre el presupuesto también pidió que se le de al Ministerio Público los recursos económicos que le son asignados así para poder disponer de ellos según las necesidades que vayan surgiendo.
En relación a las observaciones, en el Ministerio de Justicia Martínez recibió 560 adhesiones de particulares, 61 de entidades nacionales e internacionales, y sólo 3 impugnaciones. En el Senado también se recibieron opiniones de su candidatura: 11 adhesiones y dos impugnaciones. Cómo había informado Diariojudicial.com las objeciones las presentaron la diputada nacional del PRO, Paula Bertol, y la ex empleada de la Defensoría, Mariana Valenzuela.
Bertol criticó que Martínez hiciera lugar a un pedido de Romero para que se le transfiriera las vacaciones no gozadas entre 1998 y 2004. Martínez respondió la impugnación explicando que el artículo 11 del Régimen de Licencias establece que hay razones de excepción para otorgar esas transferencias, y este caso las tenía.
Por su parte, Valenzuela impugnó a Martínez por un desplazamiento de personal de la Defensoría para nombrar, dijo, gente cercana a ella. La Defensora explicó que lo que hizo fue derogar 39 resoluciones que dictó Romero días antes de dejar el cargo en las que reasignó personal en distintas áreas.
La audiencia fue seguida por una gran cantidad de público, en su mayoría defensores oficiales, pero también estuvieron el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, el presidente de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy, la juez de Casación Penal, Angela Ledesma, el juez federal, Daniel Rafecas, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Julio Maier, el juez y vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis Cabral, entre otros.