Esos certificados, que se entregarán a quienes acrediten su identidad y un interés legítimo, servirán para no quedar dentro de las tantas prohibiciones que establece el registro para los morosos. Así quienes formen parte del RDAM no se les renovará o se les otorgará la licencia de conducir, no podrán ser magistrados y funcionarios de ningún poder del Estado, no podrán ser adjudicatarios de viviendas sociales construidas por la provincia, ni ser candidatos para cualquier cargo electoral provincial, municipal o comunal.
Además, el artículo 8 de la ley que creó el registro establece que “los proveedores y contratistas de todos los organismos de la provincia deben adjuntar a sus antecedentes una certificación anual en la que conste que no se encuentran incluidos en el Registro”. Por otra parte, “en el caso de profesionales colegiados inscriptos en el Registro de deudores alimentarios morosos, el juez interviniente a pedido de parte notificará al Colegio respectivo a los fines que pudieren corresponder conforme sus reglamentos internos”, dice el artículo 11 de la norma.
La ley también involucra a todo organismo público de la provincia que otorgue habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ya que para la renovación o prórroga de las mismas deberá solicitar el certificado del RDAM.
Se considerará morosos a quienes incumplan el pago de tres cuotas de alimentos provisorios o definitivos consecutivas o cinco alternadas dentro de los dos años,
El registro fue creado por la ley provincial 11.945 en noviembre de 2001, cuando Carlos Reutemann era gobernador, pero recién el pasado 27 de abril fue reglamentada a través del decreto 1005.
El RDAM dependerá de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y sus funciones serán las de formar un registro con los deudores alimentarios y los empleadores que hayan incumplido una resolución judicial que disponía la retención y depósito a la orden de algún juzgado de sumas destinadas a alimentos, y expedir los certificados que requieran las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
El registro tendrá dependencias en cinco ciudades de la provincia. En Santa Fe y Rosario lo hará en el Registro de Procesos Universales; en Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto en la Secretaría de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral; mientras que en las demás sedes judiciales funcionará en los juzgados civiles y comerciales, o de circuito.