La juez que investiga la tragedia de Cromagnón, María Angélica Crotto, denunció nuevas amenazas de parte de familiares de las víctimas. Esta vez las intimidaciones ocurrieron en inmediaciones del domicilio de la juez de instrucción a través de afiches que aludían a una enfermedad. “Al cáncer hay que estirparlo (sic) de raíz" y "Justicia, basta de impunidad, Crotto”, decían los carteles que aparecieron el sábado pasado. La magistrada hizo la denuncia que recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 25, a cargo de Julio Quiñones. Esta no es la primera vez que la juez recibe amenazas de familiares de las víctimas que fallecieron en el boliche de Once. Hace un mes tres padres amenazaron de muerte a la juez en su propio despacho y le reclamaron que cite a indagatoria al ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra.
Instrucción
La Sala II de la Cámara Federal confirmó la falta de mérito de un jefe policial imputado de la muerte de tres manifestantes en la jornada que culminó con la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa, el 20 de diciembre de 2001, aunque ordenó una serie de medidas para que "se esclarezca la situación de incertidumbre". El tribunal, integrado por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani (no firmó por estar de licencia), entendió que era imprescindible la "reconstrucción" de hechos que "permitan profundizar el conocimiento de lo acontencido". El jefe policial beneficiado momentáneamente con la falta de mérito es Víctor Manuel Bellomi, a quien se le imputan los homicidios de Gastón Riva, Diego Lamana y Carlos "Petete" Almirón y lesiones en perjuicio de Fernando Rico y Damián Aquino.
Dolce vita
El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, dictó un indulto que reducirá las condenas en tres años y que alcanzará a 12.000 presos. La medida fue aprobada por el Parlamento y es para quienes hayan cometido delitos antes de mayo de 2006. El indulto incluye a quienes hayan cometido determinados delitos como los financieros, homicidio y robo pero quedan excluidos del beneficio los que están acusados de terrorismo, esclavitud, prostitución de menores, secuestro, tráfico de drogas y delitos vinculados a la mafia, entre otros cargos. El objetivo de la decisión es descongestionar el sistema carcelario. Según Antigone, una asociación de defensa de los derechos de los presos, las 207 cárceles italianas están superpobladas: albergan 61.392 internos y tienen 18.433 reclusos por sobre sus capacidades.