Ernesto Halabi (candidato a Presidente del Tribunal de Disciplina por la lista de Jorge Rizzo): “En la actualidad hay un conflicto. Los representantes de la oposición no han aceptado la decisión del Consejo Directivo que se tomó en junio de este año respecto a la composición del tribunal. El tema parte del mismo día que se convocó a la reunión plenaria para la conformación del Tribunal. Según el artículo 151 del Reglamento esa convocatoria la debió hacer hecho Carlos Odriozola, presidente saliente del Tribunal. Esa reunión no fue convocada por Odriozola sino que Juan Carlos Pratesi, el día que asuminieron las nuevas autoridades del CPACF, invitó a los vocales a hacernos presentes en la sede de Juncal donde funcionaba el Tribunal. Fuimos a la reunión y hubo un cónclave previo donde estabamos representados los miembros de las cuatro listas y allí se empezó a manifestar que nadie iba a votar por mí como Presidente por cuanto los representantes de la lista de Gustavo Bossert me acusaron de haber agraviado a su candidato. Yo había iniciado una acción contra Bossert ante el Tribunal de Disciplina por su presentación como perito de la IT Siemmens en el Tribunal del CIADI en una demanda contra la Argentina. Visto esa relación de fuerzas, donde ellos tenían 10 votos y nosotros 5, Ofelia Rosenkranz propuso a Pratesi como Presidente, nos levantamos y nos fuimos. La historia es que el Tribunal en los 20 años de vida del CPACF siempre fue presidido por el primer vocal de la lista que ganó la elección. En ningún momento exigimos la presidencia, la vicepresidencia y las presidencias de las tres salas. Eso es un argumento chicanero para excluirnos de la designación”.
Alejandro Zenón Ceballos (Vocal del Tribunal de Disciplina por la lista de Guillermo Borda): “El 31 de mayo se consintió la presidencia para Halabi quien también extendía su pretensión, en una reunión preeliminar, a otras áreas del Tribunal que desbalanceaba absolutamente el equilibrio institucional del Colegio. Pedía la vicepresidencia primera y conversar sobre las presidencias de las Salas. Por otra parte, esta reunión había estado precedida de una asamblea el día anterior, donde el presidente Rizzo había proclamado indebidamente como presidente del Tribunal a Halabi sin esperar el pronunciamiento del propio cuerpo que, al contrario del Consejo Directivo, elige sus propias autoridades, tanto presidencia, vicepresidencia primera y segunda como titulares de las Salas. Había una clara intencionalidad de quebrantar la autonomía. Desde el punto de vista institucional los abogados viven con una enorme preocupación la situación del Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina ejerce facultades estatales delegadas sobre el comportamiento disciplinario de más de 45.000 abogados en la Capital Federal. Estando paralizado de hecho y de derecho, esta situación crea una anarquía”.
Osvaldo Alfredo Gozaíni (Vicepresidente segundo del Tribunal de Disciplina por la lista de Augusto Nissen): "El problema del Tribunal de Disciplina arranca desde el mismo día que se reunió el plenario para ser designadas sus autoridades, el 31 de mayo. Un conciliábulo previo con las cabezas de cada lista ganadora nos llevó a debatir acerca de llevar al pleno, ya más o menos consensuado, quiénes iban a ser las autoridades. Prácticamente había acuerdo entre todos, salvo un sólo representante que dijo que él no admitiría que fuera presidente Ernesto Halabi, representante de la lista de Jorge Rizzo, con lo cual le diría que de las cuatro agrupaciones políticas, tres estábamos de acuerdo en que Halabi fuera presidente. Cuando se dio este conciliábulo Halabi dijo que él no quería la presidencia, sino que quería la presidencia, más la vicepresidencia primera, más alguna presidencia de alguna sala. Después de mucho conversar, no hubo posibilidad ninguna de acuerdo y se decidió reunirse en el plenario. Cuando ya estábamos prácticamente reunidos, Halabi dijo que su lista a pedido de Rizzo se retiraba, y se levantaron y se fueron. El Tribunal igual quedó con quórum, porque quedó con diez miembros, se procedió a designar autoridades, se pensó nuevamente en el tema de que fuera el Dr. Halabi presidente, pero si no estaba presente para aceptar era imposible postularlo. De manera que quedó presidente Juan Carlos Paratesi, vicepresidente primero Itatí Di Guglielmo, y vicepresidente segundo, yo. A los pocos días Rizzo decidió que esa decisión que había tomado el Tribunal de Disciplina era ilegítima, entonces la revocó y ordenó que se formara un expediente a la doctora que era la Secretaria General del Tribunal, y designó como presidente del Tribunal de Disciplina a Halabi, como vicepresidente primera a Delia Mariluis, también de su lista, al vicepresidente Pratesi y después designó a distintos Presidentes de Sala. Esto obviamente violaba toda posibilidad alguna de representación proporcional. Por lo cual el plenario del Tribunal de Disciplina constituido se negó a aceptarlo. Luego, el Consejo Directivo decidió ratificar esta decisión que había tomado Rizzo. Si el reglamento indica que el Tribunal de Disciplina se da a sus autoridades, hubo quórum, este quórum fue legítimamente constituido. Gente de Derecho hizo abandono y luego planteó un recurso de reconsideración, dándose cuenta que se habían equivocado con ello, se dan cuenta que nadie puede ir en contra de sus propios actos. Si ahora quieren utilizar la barbarie, la falta de democracia y el autoritarismo para digamos, someter al Tribunal de Disciplina, evidentemente esto no puede ser tolerado."
Marcelo Buigo (Vocal del Tribunal de Disciplina por la lista de Gustavo Bossert): “El Tribunal de Disciplina eligió sus autoridades el 31 de mayo. Dos tercios de los miembros elegimos las actuales autoridades. Con esto no estuvo de acuerdo el oficialismo. A partir de ahí el Consejo Directivo generó una nueva composición que nosotros desconocemos porque el Tribunal de Disciplina es autónomo y es quien se tiene que dar sus propias autoridades. El Tribunal de Disciplina tiene 15 miembros titulares y 10 de ellos eligieron las autoridades el 31 de mayo. Son las autoridades legitimamente constituídas conforme la forma de elección que prevé la ley 23.187 (NdA: Ejercicio de la Abogacía – Creación del CPACF). Previo a la reunión del plenario se le ofreció la presidencia a Ernesto Halabi con la única oposición de nuestra lista, toda vez que él había denunciado ante el Tribunal de Disciplina a Bossert, pero con el resto de las listas ellos formaban la mayoría. Allí surgió el inconveniente de que ellos querían además la vicepresidente primera, los presidentes de las salas, y obviamente no se llegó a un acuerdo porque hay que tener en cuenta que si él ganó las elecciones con el 33 por ciento del otro lado está el 66. Y en ese estado ellos abandonaron el plenario y los dos tercios de los miembros que estábamos presentes resolvimos la conformación de las autoridades que hoy son las autoridades del Tribunal de Disciplina legitimamente constituidas, más allá de todos los impedimentos que tenemos para funcionar, creados a partir de estas decisiones. Este es un problema institucional muy grave y que nosotros particularmente creemos que fue generado por el oficialismo actual del CPACF”.
Ante la ausencia de los vocales de Gente de Derecho, los restantes miembros del Tribunal eligieron a Pratesi como presidente, a Itatí Di Guglielmo como vicepresidente primero, y a Osvaldo Gozaíni como vicepresidente segundo, los tres de la oposición. Pero esa decisión fue revocada por el Consejo Directivo del Colegio que a través del expediente Nº 262.361, el 15 de junio revocó las designaciones que efectuó el Tribunal y nombró nuevas autoridades. Designó a Halabi como presidente, a Delia Mariluis (también del oficialismo) como vicepresidente primero, y a Pratesi como vicepresidente segundo.
El conflicto llegó a la Justicia. Pratesi presentó en el fuero contencioso administrativo federal una medida cautelar para que se declare la nulidad de la decisión del Consejo Directivo y una acción declarativa de certeza “en cuanto a la validez y legitimidad” de la decisión tomada el 31 de mayo.
La juez de primera instancia Clara Do Pico rechazó la medida cautelar sin resolver sobre el fondo del asunto. La magistrada señaló, en su resolución del 21 de julio, que “acceder a la medida cautelar innovativa peticionada por la parte actora implicaría, en cierto modo, adelantar postura en cuanto a la acción declarativa de certeza interpuesta en autos”.
La decisión de Do Pico fue apelada y se encuentra en estudio en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
En alianza fáctica, la mayoría del Tribunal resolvió el 5 de septiembre ratificar las autoridades elegidas el 31 de mayo y rechazar la decisión del Consejo Directivo de elegir los nuevos titulares. Además, en la resolución que lleva la firma de Pratesi, decidió suspender las acitividades del Tribunal de Disciplina “hasta tanto se restablezcan las situaciones de hecho y derecho que permitan su normal desenvolvimiento”.
Respecto al funcionamiento del Tribunal de Disciplina, Halabi señaló que están asistiendo los vocales de “Gente de Derecho”. “El Tribunal está funcionando ratificando denuncias presentadas, se devuelven expedientes, se hacen trámites de rutina pero no se han tomado vistas de causas, porque no somos más que cinco vocales: dos en la Sala I, uno en la Sala II y dos en la Sala III”, dijo Halabi.
Por su parte Zenón Ceballos señaló que “a nuestro entender no hay ninguna sala del tribunal que esté funcionando válidamente, por lo menos no funcionando para dictar resoluciones de mérito que tengan validez legal”.
En la resolución del 5 de septiembre el Tribunal afirmó que “se han trasladado en forma inconsulta, sin estudios previos ni necesidad alguna, parte de los efectos y documentación del Tribunal a distintas áreas inadecuadas de los edificios de Uruguay 412 y Corrientes 1441, al sólo efecto de imponer sus designios”.
Ese reclamo también se llevó a la Justicia para que se deje sin efecto. Pero Do Pico afirmó que “del Reglamento Interno se desprende, prima facie, que el Consejo Directivo es quien administra el patrimonio del CPACF”.
Mientras tanto el Tribunal de Disciplina se encuentra virtualmente paralizado, con las gravísimas consecuencias institucionales y operativas que esto acarrea.