Los comicios fueron convocados por Rovira para preguntarle a los misioneros si querían la reelección indefinida de su gobernador. Pero la lista opositora, el Frente Unido por la Dignidad, encabezada por el obispo emérito de Puerto Iguazú, Joaquín Piña, logró un rotundo triunfo: obtuvo el 56,6 por ciento de los votos (250.981 sufragios). Por su parte, el oficialista Frente Renovador de la Concordia, con la prima del Gobernador a la cabeza, Lidia Bina Viviana Rovira, alcanzó el 43,4 por ciento (192.415 votos). Así, Rovira dejará el mandato el 10 de diciembre de 2007.
Esta no es la primera vez que el gobierno de misionero es acusado de mezclar la política con las instituciones republicanas. Pero sí es la primera ocasión que sufre un traspié en esas arenas. En otras oportunidades, el Gobierno logró imponer a sus representantes en el Consejo de la Magistratura provincial y en el Superior Tribunal de Justicia. También fueron destituidos dos magistrados poco afectos a las ordenes oficialistas. Todo con la mayoría política que tiene en la Legislatura y el apoyo de algunos radicales y peronistas.
A mediados de septiembre, el oficialismo nombró a cuatro diputados como integrantes del Consejo de la Magistratura. En esa oportunidad la oposición denunció que el Frente Renovador no respetó las minorías parlamentarias. Un caso similar se dio con los nuevos integrantes del STJ.
En ese caso, la Legislatura aprobó los pliegos de los cuatro candidatos propuestos por Rovira para ser jueces del Máximo Tribunal provincial. Se trata de Rubén Usset, Mario Dei Castelli, Cristina Leiva y Ramona Beatriz Velásquez, a quienes se criticó por no tener ningún tipo de experiencia previa en cargos judiciales.
Esos nombramientos se produjeron luego de que tres jueces se acogieran a un régimen especial de jubilación y de la destitución de otra magistrada, Marta Catella. Las sospechas apuntan que esta remoción habría tenido fines políticos.
Catella fue removida por la Legislatura a principios de febrero por una causa vinculada a la destitución y posterior restitución del intendente de la localidad de San Vicente, Luis Benítez. La magistrada contó con el apoyo de sus colegas de todo el país y de organizaciones civiles.
En su momento la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires señaló que los “jueces no pueden ser molestados por el contenido de las sentencias” ya que eso “agravia la independencia del Poder Judicial”.
La de Catella no fue la única destitución que involucró a magistrados. Luego de ella, fue removido el fiscal de Estado Jorge Lloyd Wickström por el Jurado de Enjuiciamiento. Ese caso fue el primero de destitución de un fiscal de Estado.
Misiones no es la única provincia donde la Constitución está en el medio del debate político. Buenos Aires es otro caso. El gobernador Felipe Solá presentó una declaración de certeza en la Junta Electoral bonaerense para que se expida sobre si el artículo 123 de la Constitución provincial lo autoriza para ser reelecto.
“El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente, por un nuevo período. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con intervalo de un período”, establece el artículo.
En 1999, cuando Carlos Ruckauf fue electo gobernador, Solá era el vice de la formula. Luego, en 2002, Solá asumió la gobernación cuando Ruckauf se fue como canciller del gobierno de Eduardo Duhalde. Y en 2003 el actual mandatario fue reelecto.