“Tuvimos más de 30 consultas en un solo día”, confirma Daniel E. Butlow, uno de los abogados del estudio Butlow & Nerpiti especializado en el tema. Respecto a la “estrategia” jurídica, el letrado asegura que el amparo no sirve, tal como están planteadas las cosas, y admite que el consejo -por estas horas- es impugnar el polémico decreto por vía administrativa. “Quien no impugne antes del 28 (son 10 días hábiles desde que se publicó en el Boletín Oficial) perderá todo tipo de acción”, explicó, en alusión a futuras demandas por daños y perjuicios contra el Gobierno de la Ciudad.
Además, destacó que hay resoluciones judiciales que no se dieron a publicidad y que, justamente, van en contra de los reclamos vecinales. La referencia concreta es a un amparo presentado por la Asociación Civil ProtoComuna de Caballito (expediente 21.748), y que fue rechazado por el juez porteño Hugo Zuleta. “Esa resolución fue apelada fuera de termino así que está firme”, dijo el letrado.
Al igual que el representante de los empresarios, el abogado cuestionó el decreto, aunque en términos diferentes. “No fue correctamente publicado”, fue el cuestionamiento. El ingeniero Esquerro, por su parte, le dijo a Diario Judicial que el mismo “genera inseguridad jurídica” y que “significó un golpe a la cultura del trabajo y la producción”. El titular de la Asociación de Empresarios de la vivienda no quiso hacer evaluaciones sobre la reunión con Telerman y simplemente anticipó que la próxima semana habrá más reuniones (entre los constructores) para analizar los próximo pasos. Consultado sobre las marchas de los vecinos y la actuación de la Justicia, Esquerro admitió que “los vecinos tienen derecho a reclamar” y prefirió no cuestionar a los jueces que hicieron lugar a los amparos en Caballito y en Palermo Hollywood.
Las organizaciones vecinales, en tanto, volvieron a ratificar la jornada de protesta del jueves 23 de noviembre. La misma se denominará “ruidazo” y consistirá en actos simultáneos en Capital y Gran Buenos Aires, entre las 20 y las 20.10. Y en las últimas horas difundieron un comunicado donde afirman que “el decreto que paraliza las obras en la Ciudad es el primer paso para resolver el problema, siempre que se inscriba en una solución integral”.
En esa carta piden también que intervenga el Estado Nacional, la suspensión de obras en curso (“las mismas deben suspenderse por 30 días (renovables), mientras se realice una evaluación de impacto y riesgo ambiental del conjunto de las obras”), y mayor participación ciudadana. Un primer informe de las empresas prestatarias de los servicios públicos estaría asegurando que en los próximos dos años, no habría problemas a la vista. Sin embargo la comuna espera un estudio más contundente que abarque por lo menos cinco años hacia adelante.
La mesa técnica que se decidió formar en la reunión del jueves –que duró más de tres horas- evaluará barrio por barrio si la suspensión dura los 90 días decretados o si el parate es por más o menos tiempo, según cada caso. Mientras tanto, los constructores preparan la embestida judicial.