Desde el 31 de julio 11 comisiones, integradas por jueces, abogados y políticos, trabajan en una amplia reforma a la legislación de Santa Fe bajo el paraguas del Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina, acordado en mayo por los tres poderes y que busca una modernización de los procesos judiciales.
Las comisiones del Código Procesal Penal y el Digesto Provincial presentaron esta semana las conclusiones de su trabajo en un acto en la Corte Suprema de Santa Fe del que participaron representantes de distintos ámbitos judiciales y políticos de la provincia. La primera comisión, entre otras reformas, propuso la aplicación del proceso oral acusatorio. Santa Fe es la única provincia que continúa con juicios por escrito. La segunda comisión recopiló las leyes que están desactualizadas pero vigentes en la provincia.
“El cambio más profundo es que pasamos de un sistema inquisitorio a un proceso acusatorio. Desaparecen los jueces de instrucción y la cabeza de la acción penal va a estar en manos de los fiscales instructores”, le dijo a Diariojudicial.com Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Rector que coordina el trabajo de las comisiones.
Gutiérrez explicó que las modificaciones penales deberán ser acompañas de más recursos. “Indudablemente vamos a necesitar mayor presupuesto porque el proceso oral es más caro y también cambios en estructuras edilicias”, dijo y señaló que existe “el compromiso del Gobernador de la provincia de dar todos los fondos que se necesiten para llevar adelante esto”.
Además, Obeid se comprometió a extender en un período extraordinario las sesiones de la Legislatura que vencen el 30 de noviembre.
El resto de las comisiones tienen plazo hasta el 7 de febrero para presentar sus conclusiones. Entre otras trabajan la comisión de Código de Faltas, del código Procesal Civil y Comercial, del código Contencioso Administrativo, y de recursos humanos.
El Consejo Rector está integrado por representantes de los tres poderes del Estado de la provincia, por cuatro de los cinco colegios de abogados, por el Colegio de Magistrados y Procuradores, por el gremio de los empleados del Poder Judicial y por las cuatro facultades de Derecho de la provincia.