A partir del 1 de enero, el Tribunal Popular Supremo de China debe ratificar las sentencias de muerte dictadas en ese país por los tribunales inferiores. La norma aprobada el 31 de octubre pasado por el poder legislativo, está destinada a reducir el número de ejecuciones en China, un país que concentra el 70 por ciento del total mundial.
El elevado número de sentencias de muerte por año (entre 1.700 y 8.000 anuales, según las fuentes) originó críticas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Según anunció el presidente del Supremo, con el nuevo procedimiento cada caso será revisado por equipos de tres jueces, quines deberán comprobar los hechos, las leyes aplicadas y los procedimientos criminales adoptados. Cualquier testimonio que haya sido obtenido mediante vías ilegales será declarado inválido.
La nueva norma también creó tres nuevos tribunales criminales que se suman a los dos actuales destinados a ratificar sentencias en el Tribunal Popular Supremo. Los nuevos tribunales están compuestos representantes de cortes locales, abogados y catedráticos que han finalizado un programa de tres meses de preparación.
Las autoridades chinas creen que con este nuevo procedimiento se reducirán las ejecuciones en un 20 por ciento. Según Amnistía Internacional en 2005 hubo 1.770, aunque los propios legisladores reconocen que la cifra real anual está en torno a las 8.000 ejecuciones.
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