La iniciativa deja a salvo el trabajo que realicen los menores en escuelas de enseñanza general, en instituciones de formación profesional o en programas de orientación vocacional.
Por otra parte, también se autoriza el trabajo “excepcionalmente” cuando la labor sea indispensable para la subsistencia del menor o su familia o cuando las tareas sean livianas y siempre y cuando se desarrollen en empresas donde trabaje algún familiar del menor. Sin embargo, esa autorización no será permitida “si el trabajo a realizar por el menor es susceptible de perjudicar su salud, su desarrollo o su asistencia a la escuela”, señala la iniciativa.
Pero más allá de eso, se prohíbe “el trabajo en cualquiera de sus formas de todo menor de quince (15) años”, establece el artículo primero del proyecto que fue presentado nuevamente luego de perder estado parlamentario.
Para el caso de los menores que trabajen, el proyecto establece que no podrán hacerlo más de cinco horas por día o 30 por semana pero no podrán trabajar en horario nocturno de entre las 20 y las 6.
Además, “la remuneración a percibir por los menores no podrá ser inferior a la remuneración mínima convencional correspondiente a la actividad, oficio, profesión y/o categoría en la cual se desempeñen, en proporción a las horas trabajadas” y “en las actividades no convencionadas, la remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo, vital y móvil, en proporción a las horas trabajadas”.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2006, 218 millones de chicos trabajaban en el mundo y en 2004, 126 millones tenían entre 5 y 17 años. Por otra parte, la OIT estimaba que en 1995 trabajaban 250 millones de niños de entre 5 y 14 años en los países en vía de desarrollo. De esa cantidad, 120 millones lo hacían en jornada completa.
El proyecto da cuenta de los varios convenios que la Argentina firmó con organismos internacionales contra el trabajo de los menores y que están incorporados a la Constitución Nacional, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, la iniciativa “tiende a adecuar nuestra legislación con normas de rango superior -constitucional y supra legal-, mejorando la regulación y protección del trabajo de los menores”, explica en sus fundamentos.
El proyecto también adecua seis artículos de la Ley 20.744 del régimen de Contrato de Trabajo y otros ochos de diversas leyes y decretos al espíritu de la iniciativa presentada.