La entidad junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) le habían pedido el 7 de febrero pasado a la Secretaría de Información Pública de Córdoba una serie de informes sobre publicidad oficial. Entre esos pedidos figuraba el presupuesto aprobado para publicidad oficial y difusión de actos de gobierno de 2005, 2006 y 2007. También las campañas publicitarias financiadas con fondos públicos en 2006.
Sin embargo la Secretaría no respondió dentro de los 10 días que fija el artículo 7 de la ley. La norma permite en modo “excepcional” extender ese plazo por otros días 10. Por eso, GEOS presentó un amparo por mora para que, vía la Justicia, el Gobierno cordobés presente la información solicitada.
“La demora no tiene justificativo alguno, por lo que se revela claramente la procedencia de la acción entablada ya que la conducta de la misma lesiona seriamente mi derecho a ser administrado, a peticionar y obtener respuesta y decisión expresa a las peticiones realizadas”, señala la ONG en su presentación de la semana pasada.
“Si una vez cumplido el plazo previsto en el artículo anterior (el 7), la demanda de información no se hubiera satisfecho se considera que existe negativa en brindarla, quedando habilitada la acción de amparo por mora de la Administración”, permite el artículo 8 de la norma en la que se basó GEOS para presentar el reclamo.
La ley provincial fija siete casos en los que no se suministrará información. Algunos de ellos son cuando se afecte la intimidad de la persona; en los casos que la difusión revele estrategias en causas judiciales; cuando se comprometa la seguridad de la provincia; o sobre materias exceptuadas por leyes específicas.
GEOS señaló en el amparo que la información solicitada no forma parte de ninguna de las anteriores excepciones. La ONG también formuló reserva del recurso extraordinario de apelación en caso que el amparo sea rechazado.
Esta es la segunda presentación, en menos de un mes, solicitando a la Justicia que intervenga en el acceso a la información pública. A principios de abril las ONGs Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad, Cooperativa de Trabajo (8300) y el Sindicato de Prensa de Neuquén presentaron un amparo para que el Gobierno provincial les de información sobre la pauta publicitaria oficial.
En este caso, el Gobierno de Neuquén se negó a dar información sobre la inversión publicitaria efectuada en 2005 y el primer semestre de 2006. A diferencia de Córdoba, en Neuquén, no existe una ley que reglamente el acceso a la información pública.
En Neuquén la presentación también contó con el patrocinio de la ADC. Esta ONG publicó a fines de 2005 el informe “Una Censura Sutil. Abuso de Publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina”, que da cuenta cómo el Gobierno Nacional y otras provincias, entre ellas Córdoba, utilizan las pautas del Estado como medio de presión.