El presidente de la Cámara de Casación Penal de la Nación, denunciado por obstrucción y demora de Justicia en causas de derechos humanos, Alfredo Bisordi, declarará este jueves a las 9 ante el Consejo de la Magistratura, donde se investiga la denuncia. Bisordi pidió ir al Consejo para recusar a consejeros con el fin de que no intervengan en el expediente. Los consejeros que se han manifestado públicamente sobre la actuación de Bisordi fueron los diputados kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel, pero en la nota que envió al organismo el juez no adelantó los nombres de quienes pedirá que sean apartados. El magistrado fue acusado, junto a otros tres jueces de la Cámara, por familiares y abogados querellantes por retardar y obstruir la resolución de causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidas durante la última dictadura militar.
Feriado judicial por mudanza
Por medio de la Resolución 653/07, Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dispuso el feriado judicial que hasta el 26 de abril –inclusive- de la Unidad de Asistencia para las causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Dicha decisión fue tomada en atención a la solicitud realizada por el secretario de la Procuración General de la Nación, Juan Ugarte, con motivo de la mudanza de la Unidad en cuestión.
Duhalde salió a cuestionar un fallo sobre los crímenes cometidos en el II Cuerpo de Ejército
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anunció que recurrirá ante la Cámara de Casación por el fallo de la Cámara Federal de Rosario que aplicó la figura de "asociación ilícita simple" a cinco procesados en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en la órbita del II Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de estado. Duhalde dijo que el fallo “no ha tomado en cuenta la cantidad de pruebas obrantes en la causa”, que “demuestran más que suficientemente que los procesados constituían una asociación ilícita agravada”, en los términos del artrículo 210 bis del Código Penal, que prevé una pena de 5 a 20 años. “Resoluciones de este tipo no ayudan a que el proceso de memoria, verdad y justicia sobre las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado pueda avanzar de manera tal que se termine con toda forma de impunidad”, remarcó el funcionario, que actúa en la causa como querellante.
Apelan sobreseimientos
El fiscal de instrucción Alejandro Molina Pico apeló el sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa y de ex funcionarios de su gobierno. Fue en la causa en la que se los acusa por presuntas irregularidades en la construcción y explotación de la autopista Illia, mientras era jefe de Gobierno del a ciudad de Buenos Aires. Los ex funcionarios habían sido sobreseídos por el juez Pablo Molina de la Torre. Según Molina Pico el Estado pagó más de 470 millones de dólares cuando el gasto debía ser afrontado por empresas privadas.