Esta decisión se tomó a partir de una medida cautelar planteada por el fundador de la Mutual, Elías Salazar –quien fue expulsado de la institución-, que expresó su temor a que se esté llevando a cabo administración infiel de los fondos de la mutual por parte de quien actualmente realizaría las funciones de Presidencia de la Asociación, Ramón Gauna.
El magistrado entendió que existía un peligro en el demora y un fumus boni iuris -humo del buen derecho o verosimilitud del derecho- de que se pudieran realizar aquellas maniobras y que se busque impedir ilegalmente a la lista del actor integrar la contienda del 31 de agosto de este año.
No sólo dispuso el magistrado de un interventor con únicas facultades de llamar a asamblea extraordinaria y designar autoridades, sino que decretó la prohibición de no innovar y contratar, la cual importa la prohibición de:
”... a) contraer o reconocer deudas, b) suscribir contratos de ningún tipo y c) realizar nombramiento de personal, gerentes, directores, delegados, apoderados, representantes ni administradores de ningún tipo.”
Dicha prohibición, aclaró el juez, no alcanza al pago de sueldos y cumplimiento de las obligaciones laborales propias que la mutual tiene para con sus trabajadores.
Además, está investigándose una denuncia penal por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta por parte de Gauna, que tramita ante un juzgado penal de instrucción.
La lista oficial, “Una Mutual para Todos” (que no se presentó por mesa de entradas como las demás), impugnó a la lista opositora, “Acción Mutualista”. Sostuvieron para ello, que aquella presentaba como candidato a presidente a Elías Salazar, fundador de la mutual, que fue expulsado de la institución por haber dañado los intereses sociales de la misma. A su vez manifestaron que algunos de los candidatos de la lista, no estaban al día con su cuota.
Por su parte, la lista opositora impugnó los candidatos de la oficial por mora en el pago de las cuotas de la mutual y por pretender un tercer mandato consecutivo. Además impugnaron la candidatura de Patricia De la Cámara, la cual está fallida, y de ser comunicada su situación al Colegio de Abogados le sería suspendida su matrícula.
La lista de Salazar también denunció que al candidato de la contraria Bruno Orlandi, se le condonaron cinco años de cuotas sociales que estaban en deuda, al sólo efecto de poder presentarse como candidato.
La resolución del magistrado en intervenir la Mutual de Abogados fue impugnada por los abogados de esta por medio de un recurso de reposición (aún cuando no es el medio procesal idóneo para recurrir este tipo de decisiones –medidas cautelares-), interponiendo en subsidio un recurso de apelación.
Además recusaron al magistrado que dictó la medida sin causa, por lo que el expediente actualmente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Civil nº 103.