La pregunta estaba enunciada de la siguiente manera: “Los magistrados y funcionarios judiciales que son tentados para ocupar cargos en lo poderes ejecutivos de la Nación y las provincias, ¿deben renunciar a sus cargos antes de asumir o pueden pedir licencias?”. 2340 personas votaron que deben renunciar (el 84,5 por ciento) mientras 430 (el 15,5) se inclinaron por el pedido de licencia.
La pregunta surgió a partir de los casos del juez federal Guillermo Montenegro y del fiscal federal Carlos Stornelli a quienes se les ofreció ocupar los ministerios de Seguridad de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, respectivamente.
El electo jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, le ofreció a Montenegro ocupar la cartera de Seguridad, que debería crearse porque no existe. El propio fiscal reconoció el ofrecimiento y quedó en contestar. En su caso y a diferencia de Stornelli, la decisión de Montenegro depende sólo de él.
En el caso de Stornelli queda supeditada además a los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires que se realizarán junto con las presidenciales el próximo 27 de octubre. El candidato del oficialismo, el vicepresidente Daniel Scioli, adelantó que le gustaría contar con el fiscal federal en su gabinete para ocupar el Ministerio de Seguridad, en reemplazo de otro hombre que estuvo en la Justicia, el ex camarista federal León Arslanian.
La posibilidad de que Stornelli ocupe un cargo en el gobierno de Scioli se plasmó en el decreto presidencial por el cual se despidió a dos funcionarios en el marco del caso Skanska, en el que fiscal y Montenegro investigan. Según el decreto 539 en una comunicación telefónica con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, Stornelli habría dicho que colaboraría con Scioli pero antes se llevaría “puestos a Madaro y Ulloa”, los funcionarios despedidos y que están siendo investigados en la causa.
Hubo otros casos recientes de funcionarios judiciales que pasaron a actividad política. Se trató de los fiscales Norberto Quantín y José María Campagnoli quienes pidieron licencia para ocupar cargos en la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia cuando Gustavo Beliz era su titular en los primeros años del actual gobierno.
Tanto Quantín como Campagnoli pidieron licencia en la Justicia y cuando Beliz se fue del gobierno ambos volvieron a ocupar sus cargos judiciales. Campagnoli sigue como fiscal mientras que Quantín se jubiló.
El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, opinó sobre el tema. En un reportaje publicado por el diario La Nación hace 15 días, Lorenzetti sostuvo que “si un juez se va a la política, debe renunciar. O está en la Justicia o está en la política”. Y agregó que “mientras conserva su cargo, un juez no puede hacer política. Aun con licencia, conserva su estatus de juez. Para eso, tiene que renunciar”.