“El Consejo que se crea por esta Ley persigue, ni más ni menos, que permitir la planificación en la prevención del delito, en la convicción que es un instrumento que asegura la eficiencia y eficacia de la gestión pública con una importante reducción de costos en su implementación”, explican los autores de la iniciativa, los diputados provinciales Horacio Colombi (Frente de Todos – Corrientes), Daniel Brue (Frente Cívico de Santiago del Estero), Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes) y Eduardo Galantini (Frente para la Victoria – Corrientes)
El Consejo tendrá un Comité Ejecutivo y un Comité Consultivo. El primero tendrá a su cargo la dirección y representación del Consejo y será presidido por el Ministro del Interior e integrado por representantes de los ministerios nacionales de Justicia, Economía, Planificación, Educación, Trabajo, Salud, y Desarrollo Social y las mismas carteras de todas las provincias.
Por su parte, el Comité Consultivo estará integrado por 10 senadores y 20 diputados nacionales y representantes de los mismos ministerios que en el Comité Ejecutivo, excepto Economía, y de Universidades Nacionales, de ONGs que trabajen en la problemática de la seguridad y de la Federación Argentina de Municipios.
También habrá representes de la Justicia en el Comité Consultivo. La iniciativa establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Procuración General designen a “magistrados y funcionarios de los fueros e instancias que estimen convenientes, como vinculados a la problemática y objetivos de la presente ley, en especial: de Faltas, Penal, de Familia, de Menores y del trabajo, de Policía Judicial y del Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial”.
El proyecto le otorga al Consejo 10 funciones. Las más importantes son la de realizar relevamientos y diagnósticos de las causas y características del delito que afecta la seguridad ciudadana en todo el país; elaborar cuadros de riesgo predelictivo que sirvan para diseñar e implementar estrategias y acciones integrales dirigidas a la prevención del delito; organizar un banco de datos sobre los delitos; proponer programas y políticas sociales, de empleo, familia, ecuación, cultura como prevención del delito y reformas legislativas; y realizar campañas de información y concientización.
Los diputados señalaron que Consejos como el que proponen crear ya funcionan en Inglaterra, Suecia, Francia, España, Australia, Estados Unidos, Canadá y Japón.
La iniciativa está a estudio de las comisiones de Seguridad Interior; Peticiones, Poderes y Reglamento; y Presupuesto y Hacienda.
Los legisladores también afirmaron que “el sistema penal ha sido desbordado por el fenómeno delictivo, que no sólo aumenta objetivamente, es decir en cuanto a la cantidad y gravedad de los hechos, sino que también aumenta la peligrosidad de los delitos que se cometen e incrementando, de esta forma, la llamada `sensación de inseguridad` que provoca la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones encargadas de su protección”.
Por eso, agregaron, que “ya no alcanza, entonces, con las respuestas tradicionales, sino que deben intentarse alternativas superadoras que, abrevando en la interdisciplinariedad, permiten encontrar soluciones integrales con la participación de todos los agentes institucionales y sociales involucrados, a partir del debate amplio de la comunidad toda”. Y confían que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana sea el camino.